En Hungría, el primer ministro ahora puede gobernar por decreto. En Gran Bretaña, los ministros tienen lo que un crítico ha denominado “enormes” facultades para
detener a las personas y cerrar las fronteras. El jefe de gobierno de Israel ha cerrado los tribunales e inició una invasiva vigilancia de los ciudadanos. Chile ha enviado a las fuerzas armadas a plazas públicas antes ocupadas por manifestantes. Bolivia ha aplazado las elecciones.
Conforme la pandemia de coronavirus lleva al mundo a una paralización y ciudadanos preocupados exigen medidas, los líderes de todo el mundo invocan facultades ejecutivas y se arrogan una autoridad prácticamente dictatorial con escasa resistencia.
Los gobiernos y los grupos de defensa de derechos coinciden en que estos tiempos fuera de lo común requieren medidas fuera de lo común. Los Estados necesitan nuevas facultades para cerrar las fronteras, ordenar cuarentenas y rastrear a los infectados. Muchas de estas acciones están amparadas por normas internacionales, sostienen los constitucionalistas.
Pero los detractores dicen que algunos gobiernos usan la crisis de salud pública como excusa para arrogarse nuevas facultades que poco tienen que ver con el brote, con pocas protecciones para garantizar que no abusen de su nueva autoridad.
Estas leyes están siendo instauradas rápidamente en una amplia variedad de sistemas políticos: en Estados autoritarios como Jordania, democracias vacilantes como Hungría y democracias tradicionales como Gran Bretaña. Y hay pocas disposiciones transitorias para garantizar que esas facultades sean anuladas una vez que pase la amenaza.
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“Podríamos tener una epidemia paralela de medidas autoritarias y represivas poco tiempo después o pisando los talones de una epidemia de salud”, advirtió Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial de antiterrorismo y derechos humanos de las Naciones Unidas.
En tanto las nuevas leyes amplían la vigilancia del Estado, autorizan a los gobierno a detener a las personas indefinidamente e infringen las libertades de reunión y expresión, también podrían definir la vida cívica, la política y las economías durante décadas.
La pandemia ya está redefiniendo las normas. Los invasivos sistemas de vigilancia de Corea del Sur y Singapur, que habrían motivado desaprobación en circunstancias normales, han sido alabados por frenar los contagios. Gobiernos que en un principio criticaron a China por aislar a millones de ciudadanos ahora siguen sus pasos.
La policía de Israel revisa a un automovilista en un puesto de control en la ciudad de Bnei Brak, cerca de Tel Aviv, como parte de los controles para evitar la propagación del coronavirus. /AFP
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha autorizado al organismo de seguridad interior del país a rastrear a los ciudadanos usando un conjunto secreto de datos de celulares creado para el antiterrorismo. Al seguir los movimientos de las personas, el gobierno puede penar a los que incumplen las órdenes de aislamiento con hasta seis meses de cárcel. Y al ordenar el cierre de los tribunales del país, Netanyahu demoró la comparecencia que tenía programada para responder por cargos de corrupción.
Leyes para silenciar el disenso
En algunos lugares del mundo, las nuevas leyes de emergencia han reavivado viejos temores de que se imponga la ley marcial. El Congreso filipino la semana pasada sancionó una ley que da al presidente Rodrigo Duterte facultades de emergencia y 5.400 millones para hacer frente a la pandemia. Los legisladores moderaron un proyecto de ley anterior que le habría permitido tomar el control de empresas privadas.
“Este otorgamiento ilimitado de facultades de emergencia equivale a la autocracia”, expresó en un comunicado un grupo de derechos de Filipinas llamado Abogados Preocupados por las Libertades Civiles. Los abogados destacaron que Duterte una vez había comparado la constitución del país con un “pedazo de papel higiénico”.
Algunos Estados están aprovechando la pandemia para sofocar el disenso. En Jordania, luego de que una “ley de defensa” de emergencia le otorgó amplia libertad, el primer ministro Omar Razzaz dijo que su gobierno “trataría con firmeza” a todo el que difundiera “rumores, mentiras o noticias falsas que siembren el pánico”.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, cuestionado por la ley de emergencia para enfrentar la pandemia. /EFE
El primer ministro Prayuth Chan-ocha de Tailandia ha asumido facultades para imponer toques de queda y censurar a los medios de prensa. Hay periodistas que han sido demandados e intimidados por criticar la respuesta del gobierno al brote.
Si bien el virus quizá haya aplacado el deseo de los manifestantes de llenar las plazas públicas, la declaración chilena de “estado de catástrofe” y la presencia de las fuerzas armadas en las calles de las ciudades ha acallado el furioso disenso que sacudió al país durante meses.
La pandemia también ha trastornado las elecciones programadas. Este mes, Bolivia suspendió una muy esperada elección presidencial que se había organizado para comienzos de mayo. La disputada elección del año pasado desató violentas protestas y obligó al presidente Evo Morales a renunciar.
La presidenta interina, que prometió actuar sólo como provisional, desde entonces ha consolidado su poder y anunció planes de presentarse como candidata a la presidencia. El tribunal electoral del país anunció el jueves que celebraría elecciones en algún momento entre junio y septiembre.
En los Estados Unidos, el Departamento de Justicia le pidió al Congreso amplias facultades nuevas, entre ellas un plan de eliminar las garantías legales para los solicitantes de asilo y detener a las personas indefinidamente sin juicio. Cuando los republicanos y los demócratas se opusieron, el departamento presentó una propuesta más moderada.
Las agrupaciones de defensa de derechos dicen que los gobiernos podrían continuar acumulando más poder mientras los ciudadanos están distraídos. Les preocupa que la gente no reconozca los derechos que ha cedido hasta que sea demasiado tarde para recuperarlos.
Algunos proyectos de leyes de emergencia fueron aprobados tan rápidamente que los legisladores y los grupos de derechos no tuvieron tiempo de leerlos y mucho menos de debatir su necesidad. Los defensores de derechos también han cuestionado la velocidad con la que los Estados han redactado leyes de gran extensión.
Algunos gobiernos tienen un conjunto de facultades deseadas “listas para salir” en caso de emergencia o crisis, dijo Aoláin, la relatora especial de la ONU. Redactan leyes anticipadamente y esperan “que se presente la oportunidad de la crisis”, explicó.
Con el tiempo, los decretos de emergencia se filtran en las estructuras legales y se normalizan, dijo Douglas Rutzen, presidente del Centro Internacional de Justicia Sin Fines de Lucro de Washington, que está estudiando las nuevas leyes y decretos durante la pandemia.
“Es muy fácil construir facultades de emergencia”, dijo Rutzen. “Es muy difícil deconstruirlas”.
Puede que la pandemia sea una bendición para los gobiernos de tendencia autocrática.
Preocupación en Hungría
En Hungría, una nueva ley le ha otorgado al primer ministro Viktor Orbán facultades para prescindir del parlamento y suspender la aplicación de leyes en vigencia. Orbán, que declaró el estado de emergencia este mes, ahora tiene autoridad exclusiva para poner fin a la emergencia. El parlamento, donde los dos tercios de las bancas son controladas por su partido, aprobó la ley el lunes.
Los críticos dicen que la nueva legislación podría permitir al gobierno de Orbán seguir debilitando las instituciones democráticas y perseguir a los periodistas y los miembros de la oposición. La ley enmendará de manera permanente dos artículos del código penal que limitarán todavía más la libertad de expresión y castigarán a las personas que violen las órdenes de cuarentena. También suspenderá todas las elecciones y referéndums.
Miembros de la policía militar de Hungría patrullan las calles de Budapest, para controlar el cumplimiento de la cuarentena por el coronavirus. /EFE
Conforme a una medida, todo el que difunda información que obstaculice la respuesta del gobierno a la epidemia podría ser penado con hasta cinco años de cárcel. La ley da amplia libertad al procurador público para que decida todo lo que se considerará información distorsionada o falsa.
“El borrador es alarmante”, dijo Daniel Karsai, abogado de Budapest, que manifestó que la nueva ley había suscitado “un gran temor” entre los húngaros de que “el gobierno de Orbán sea una verdadera dictadura”.
El primer ministro húngaro. Viktor Orban, criticado por sus leyes restrictivas. /REUTERS
“No hay suficiente confianza en el gobierno a este respecto”, agregó.
Otros apuntaron a los antecedentes del gobierno en prolongar las leyes de emergencia mucho tiempo después de una crisis. Un decreto de ese tipo, dictado en el momento de apogeo de la crisis migratoria europea hace cinco años, sigue en vigencia.
¿Democracias amenazadas?
Algunas democracias vigorosas también están aprovechando la pandemia para ampliar su poder.
Gran Bretaña tiene una larga tradición de democracia y costumbres democráticas fuertemente arraigadas. Sin embargo, un proyecto de ley de coronavirus que pasó a todo vapor por el Parlamento les otorga a los ministerios el poder de detener y aislar a las personas indefinidamente, prohibir las reuniones públicas incluidas las protestas y cerrar puertos y aeropuertos, todo con escasa supervisión.
Calles cerradas al tránsito y policías que custodian las calles para vigilar el cumplimiento de las medidas de restricción en Leeds, en el norte de Gran Bretaña. /AFP
Al presentar el proyecto en el Parlamento, el secretario de Salud Matt Hancock lo definió como “un apartamiento del modo en que hacemos las cosas en tiempos de paz”. Dijo que las medidas serían “estrictamente temporales y proporcionales a la amenaza que enfrentamos”.
Pero algunas de las disposiciones –llamadas facultades de Enrique VIII, por el famoso monarca del siglo XVI- darán al gobierno un control sin límites. La norma da amplias facultades a los guardias fronterizos y la policía, lo que podría llevar a detenciones indefinidas y a profundizar políticas de “entorno hostil” contra los inmigrantes, dijeron los detractores.
“Cada inciso podría haber tenido meses de debate y, en cambio, todo se está debatiendo en pocos días”, señaló Adam Wagner, abogado que asesora a la comisión parlamentaria de derechos humanos.
“Todos están tratando sólo de leerla, ni hablar de criticarla apropiadamente”, dijo de la ley, que tiene 340 páginas.
“Estas son facultades enormes que no habrían sido imaginables en tiempos de paz en este país”, dijo Silkie Carlo, directora de Big Brother Watch, un grupo de derechos humanos. Calificó las medidas de “draconianas”.
Carlo teme que Gran Bretaña “pase de crisis a crisis, de pánico sanitario a pánico sanitario y luego se encuentre con que hemos perdido”.
“Corremos el riesgo de encontrarnos fácilmente en un estado de emergencia perpetuo”, añadió.
Por Selam Gebrekidan
Traducción: Elisa Carnelli
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