La mayoría de las fiscalías y los juzgados están colapsados de pedidos de excarcelación. Por informes médicos, edad o porque se trata de personas próximas a cumplir la totalidad de la
pena, pasar a otro tipo de aislamiento, fuera del penal, parece ser la solicitud del momento y estudian caso por caso. Todo este escenario, desde ya, como parte del impacto por la cuarentena obligatoria por el avance de la pandemia de coronavirus.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina emitió esta semana un comunicado recomendando a los abogados oficiales de personas privadas de su libertad que “agilicen pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas que se encuentren dentro de un grupo de riesgo”.
También solicitó que “inicien o continúen el trámite de hábeas corpus cuando se advierta hacinamiento u otras restricciones de derechos de las personas privadas de libertad que puedan implicar un agravamiento en las condiciones de detención”.
En ese mismo documento, alertó a jueces y fiscales sobre la necesidad de evitar las medidas de prisión preventiva y los rechazos a esos pedidos para “garantizar las condiciones sanitarias de los penales del país”.
Esa sugerencia se repitió en lo Ministerios Públicos de la Defensa de las distintas jurisdicciones.
La provincia de Buenos Aires es una de las más complicadas en cuanto a la superpoblación carcelaria, ya que supera el 100 por ciento. Hay más del doble de personas privadas de su libertad que plazas disponibles para alojarlos en condiciones adecuadas.
Según un informe que el Servicio Penitenciario Bonaerense, son más de 1.500 personas en situación de riesgo, la mayoría con antecedentes de tuberculosis, HIV positivos, hipertensión o problemas coronarios. Y a esto se suma otro dato clave: casi la mitad son mayores de 65 años.
Para los organismos de derechos humanos esa cifra es mayor. Insisten en que hay un subregistro en ese informe y la cantidad de casos de riesgo en penales sería de alrededor de 3000.
La semana pasada, la Suprema Corte bonaerense pidió una reunión urgente de la Mesa Interinstitucional de Diálogo para discutir sobre la crisis en medio de la pandemia.
La mesa se creó en diciembre para evaluar la crisis penitenciaria y este lunes hubo una reunión virtual con integrantes de los tres poderes. Estuvo la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; integrantes de la Suprema Corte; del Ministerio Público fiscal y de la Defensa, y los titulares de las cámaras de Senadores y Diputados.
Entre los temas que se debatieron en la reunión se analizó la posibilidad de una modificación del Código Procesal Penal, que permita atender la crisis actual y dar soluciones ante la crisis sanitaria.
“Las personas privadas de su libertad están en una situación de especial riesgo al contagio de enfermedades virales por las condiciones inhumanas de detención, sobrepoblación y hacinamiento, la falta de políticas sanitarias de prevención o asistencia, sumado a la mala alimentación o la falta de provisión de medicamentos”, manifestaron desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).
Además, insistieron en la necesidad de que la Dirección de Salud Penitenciaria “pase a depender del Ministerio de Salud para garantizar que las políticas sanitarias sean efectivas para la población carcelaria como para el resto de los habitantes”.
El debate está en los juzgados que deben adoptar medidas para liberar penales y comisarías en este contexto de aislamiento. La Corte provincial ya prohibió que haya embarazadas y mayores de 65 en las seccionales. Con esa medida, sumada a la baja de los delitos considerados “comunes” en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, pretenden liberar esos calabozos.
“Mientras se avanza con medidas de tipo estructural, deberían definirse criterios para evaluar a los grupos en condiciones de obtener la libertad: además de los de riesgo, aquellos que ya están terminando de cumplir la condena, condenados y procesados por delitos leves no violentos, entre otros”, dijo Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El análisis es caso por caso y los hay de todo tipo. Esta semana, Walter Chavarría, detenido en la Unidad 39 de Ituzaingó, difundió una carta a través de Agencia Para la Libertad: “El 18 de abril cumpliré 7 años de prisión. Estoy condenado a 7 años y 10 meses. Ya tendría que estar con libertad asistida por haber cursado estudios secundarios y universitarios. Tengo tres hijos y corro serios riesgos de morir en la cárcel por coronavirus, siendo que ya cumplí mi deuda con la sociedad”, dijo.
Más del 90% de los presos adhirieron a la cuarentena voluntaria en las cárceles de la Provincia y no recibirán visitas.
Y advirtió sobre la falta de productos de higiene en los lugares de encierro: “Nos sorprendió el COVID-19 y hay pánico en la sociedad. Acá en el contexto de encierro también lo hay. Somos muchos los internos que estamos transitando nuestra última etapa en detención. Muchos enfermos con diferentes patologías que -desde siempre- no son atendidos y se puede hablar de la superpoblación en donde los riesgos de contagio son muy seguros porque día a día nos informan que hay que higienizarse y acá no nos llega ni lo básico”.
También hay otros más polémicos, como el fallo que benefició con prisión domiciliaria a un hombre condenado por abuso sexual y corrupción de menores el 28 de febrero. En el fallo reconocieron el riesgo de fuga o que vuelva a delinquir, pero “priorizaron el derecho a la salud” del condenado.
El insólito fallo fue del Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, a cargo de los jueces María Claudia Morgese Martín, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini y allí consideraron como “fútil e inocuo el dato -a este día y hora incierto- que por el momento no se han detectado casos de contagio en las unidades carcelarias, pues esa realidad puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos”.
Ese argumento es el más usado por jueces del todo el país para rechazar los pedidos de excarcelación que ingresan en los juzgados: todavía no hay casos de Covid-19 registrados dentro de ningún penal del país.
Pero hay en el fallo una trampa: si bien autorizó la domiciliaria a Miguel Ángel Holotte, condenado por un delito grave y con poco de pena cumplida, dejando un antecedente cuestionable, le puso dos condiciones. Lo obliga a pagar una caución de 100 mil pesos para darle el beneficio y deberá regresar a cumplir al resto de la pena, pasada la crisis sanitaria.
A pesar de esta decisión del TOF 5, las fuentes consultadas coincidieron en que todas las modificaciones procesales o las recomendaciones para autorizar excarcelaciones son para personas privadas de la libertad por “delitos no violentos” o menores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 este martes emitió un comunicado en el que instó a los estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.
GL/EMJ
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