Crimen en Villa Gesell: marcha atrás de los camaristas que habían sido reemplazados por tener edad de riesgo por el coronavirus

Fernando Báez Sosa (18). Dos de los tres integrantes habían resuelto apartarse por la circulación del virus Covid-19​, teniendo en cuenta que por su edad ambos forman parte del grupo de riesgo. Ya se habían nombrado a sus reemplazantes, pero, como se dice en la jerga judicial, todo volvió a fojas cero.

Susana Miriam Darling Yaltone y Fernando Sotelo, presidente y vicepresidente de la Sala 1 de la cámara penal, junto a al tercer magistrado que la integra, Luis Felipe Defelitto, se ampararon en un apartado de una resolución de la Corte bonaerense que indica que “podrán excepcionalmente y con las medidas de higiene adecuadas, acceder a las constancias del expediente que no se encuentren en formato digital y sean imprescindibles”.

El mismo apartado dice que los jueces pueden requerir la colaboración de las superintendencias departamentales para la instrumentación de las medidas de higiene y el traslado de las actuaciones. 

Por sorteo, se había resuelto que Yaltone y Soletelo fueran reemplazados por los titulares de la Sala 2 de la misma cámara, Daniel Horacio Rezzónico y Lía Regina Raggio. Pero todo quedó sin efecto, “no existiendo obstáculos” no habrá cambios en la integración de la sala. Todo ocurrió en la misma semana.

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Ahora, con su conformación original, la Cámara tiene que resolver el recurso que presentó el abogado de los rugbiers para que se revoque las decisiones del juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, que avaló el pedido de prisión preventiva contra ocho de los imputados por el crimen de Fernando Báez y rechazó el pedido de recusación contra la fiscal Zamboni. La decisión podría conocerse la próxima semana.

En principio, la audiencia iba a ser oral y se había fijado para el 19 de marzo en la sala de Belgrano 141, en los Tribunales de Dolores, un espacio de riesgo para la transmisión del virus. Suspendida la exposición oral de las partes, los camaristas pidieron que los argumentos se presentaran por escrito. 

Los abogados Fernando Burlando​, Fabián y Facundo Améndola y Germán Facio, que representan a Silvino Báez y a María Graciela Sosa Osoria, papás de Fernando, y el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, coinciden en rechazar el recurso de Tomei ya que “los peligros de fuga y entorpecimiento probatorio se encuentran más que vigentes”.

Escoda consideró “inadmisible” el recurso que había presentado la defensa. Ahí mismo cuestionaba que no se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos y entiende por eso todo lo actuado luego sería inválido, incluso las indagatorias y los procesamientos. 

Para el fiscal general, el defensor “no agrega ni menciona qué es lo que hubiera sucedido en esa audiencia y por qué motivos se les ha vulnerado sus derechos constitucionales”. Sostiene que “la nulidad no puede ser dictada por la nulidad misma”.

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Tomei reclama que Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Lucas Pertossi, a quienes se les imputa ser coautores el delito de homicidio doblemente agravado, por premeditación y alevosía, deben seguir el proceso judicial en sus domicilios.

Los ocho jóvenes están alojados en la alcaidía de la unidad penal de Melchor Romero, en La Plata, en calabozos para dos personas. Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, imputados como partícipes del crimen, por decisión de la fiscal del caso, Zamboni, siguen el proceso en libertad  en sus casas en Zarate.

Al argumentar su rechazo al pedido de prisión domiciliaria para los imputados, la acusación y los abogados de Báez Sosa toman en cuenta la pena en expectativa. Para los diez rugbiers, los ocho considerados coautores y los dos como partícipes, que participaron la madrugada del 18 de enero en el crimen del joven estudiante, es la más alta contemplada por la ley penal: con sus agravantes, el delito que se les imputa es castigado con prisión perpetua.