Coronavirus en Argentina: la Cancillería retó a Gerardo Morales y reclamó que no interfiera en las relaciones exteriores

y Colombia por el traslado de un grupo de ciudadanos de esos y otros países latinoamericanos desde esa provincia a la ciudad de Buenos Aires, en plena cuarentena.

En un texto dirigido al secretario de Turismo de Jujuy, Pablo Palomares, Cháves le recordó que las relaciones exteriores con los Estados extranjeros son asuntos del Poder Ejecutivo Nacional y no en las provincias.

La controversia con esos migrantes surgió el jueves pasado cuando la Policía de Buenos Aires detuvo un ómnibus que entraba por uno de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires con 61 extranjeros provenientes de Jujuy. Venían venezolanos, que suelen ser aspirantes a residentes; colombianos, peruanos y brasileños.

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Fechada este domingo 5 abril, la misiva del jefe de Gabinete del canciller Felipe Solá a Palomares hace referencia al reclamo de un reembolso por el gasto que implicó el traslado de los migrantes a Buenos Aires y que Morales le hizo la semana al embajador de Perú en Argentina, John Peter Camino Cannock. Y además, como ya se vio en medio de la polémica, Morales le pidió también reembolso de gastos al embajador de Colombia, Alvaro Pava Camelo. 

De acuerdo al texto de Chaves, Camino Cannock recurrió a la Cancillería por los reclamos de Morales. “Mucho se le agradecerá tener presente que el planteo de un reclamo a un Estado extranjero es un acto que recae en la órbita de la conducción de las relaciones exteriores, materia que nuestra Constitución Nacional ha colocado bajo la competencia del Poder Ejecutivo Nacional”, sentencia el funcionario de Cancillería en su carta a Palomares.  Y continúa así: “El derecho internacional impone similar recaudo a través de de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961, al disponer en su artículo 41.2 que ‘Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido”. E insistió en que si se les plantea esta situación se lo “ponga a consideración de las autoridades competentes” de la Cancillería. 

En su momento, Morales dijo que se había hablado con las respectivas embajadas, que todos los pasajeros habían cumplido dos semanas de aislamiento en la ciudad de La Quiaca, donde fueron asistidos con alimentos, y luego manifestaron que no querían permanecer en la provincia. El movimiento de pasajeros no está permitido por el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno para prevenir los contagios de COVID-19. Con enorme despliegue, como se vio, las autoridades policiales buscaban acreditar sus identidades, y las autoridades sanitarias, verificar el estado de salud de las personas.

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Pero los embajadores de Colombia como de Perú salieron a desmentirlo. “Nunca, reitero, ni ahora ni en fecha anterior he tenido contacto ni personal ni telefónico con usted ni con funcionarios de su región. Además, no podría ser cierta la afirmación que usted y sus funcionarios usaron aparentemente para movilizar a los colombianos a aceptar su traslado, en el sentido de que la embajada coordinaría el regreso de estos colombianos a Colombia, dado que es de público conocimiento que el ingreso a nuestro país está cerrado por disposición del señor presidente hasta el 23 de abril”, dijo Pava Melo en carta a Morales.

Mientras que la oficina de prensa de la embajada de Perú emitió un comunicado en el que afirmaba que dicha sede diplomática no había había solicitado ni autorizado el referido traslado.

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Lejos de calmar las aguas, Morales cruzó al embajador colombiano por, según sus textuales, “decir mentiras” y de “mala intención”, y por adoptar una “actitud de militante político opositor” a su gobierno y a Jujuy. Y hasta publicó en sus redes sociales, las comunicaciones de su secretario de Turismo Palomares sobre el traslado del grupo de colombianos con el cónsul de Colombia en la provincia, Jorge Villamizar Trujillo.

Y después también publicó conversaciones entre una funcionaria de la embajada de Perú y su gobierno. “La embajada de Perú miente”, empezó diciendo el texto para, al igual que con Colombia, reclamarle los datos de traslados. “Con los mentirosos e ingratos no!”, dijo el gobernador para luego exigir los gastos de reintegro por la estadía de los ciudadanos peruanos en su provincia. 

Para entonces, en la polémica también había aparecido el Centro de Estudios Legales y Sociales que mantiene una larga batalla con el gobernador por la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. El CELS fue a la Justicia y denunció que el traslado “ordenado” por el Gobierno provincial fue “compulsivo” y no estaba “avalado por las medidas sanitarias vigentes”, que impiden los traslados dentro del país.