Coronavirus en la Argentina. A diferencia de Amado Boudou, denegaron la prisión domiciliaria a 60 detenidos por la represión ilegal

en tanto a otros 41 se les negó el pedido. Además, de las solicitudes realizadas 19 argumentan como único motivo la cuestión etaria (mayores de 70 años), mientras que el restante agrega algún tipo de problema de salud.

​En los casos en que los represores cumplen la prisión en Campo de Mayo, la fiscal a cargo de la Procuraduría, Angeles Ramos, dictaminó que deben rechazarse porque en esa Unidad no hay “hacinamiento” y está “aislada” de las restantes cárceles federales. Además, se remarcó que, hasta el momento, no hay contagio de Covid-19 en los penales y que, en el caso de Campo de Mayo, el hospital intramuros funciona “adecuadamente”.

El criterio de la fiscal Ramos es contrario al del juez del Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) Daniel Obligado. “En definitiva, en este caso considero que se ha demostrado de qué modo y manera la emergencia sanitaria de pandemia Covid 19, incrementa los riesgos personales del condenado Amado Boudou en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habré de morigerar su encierro, tornando el penitenciario en domiciliario”, destacó Obligado al excarcelar a Boudou que está condenado a 5 años y 6 meses de prisión.

De acuerdo a un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde el inicio de la cuarentena, hubo 104 pedidos de prisión domiciliaria por parte de represores detenidos por asesinatos, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad en la dictadura, según consigna el sitio web oficial fiscales.gob.ar.

De este total, resta resolver el planteo de 46 detenidos y, en muchos de los casos, se pidió informes al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación previo a tomar una determinación.

En Mendoza, detallaron desde la Procuración, fueron concedidos nueve arrestos domiciliarios.

Uno de los represores argumentó que, si se le concediera arresto domiciliario, podría ser asistido por su obra social en caso de contagio.

A este planteo, la fiscalía replicó que “el hecho de tener una obra social hoy no lo coloca en mejor situación dada la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el país”.

La fiscalía remarcó que es deber del Servicio Penitenciario Federal “implementar protocolos acordes a ese grupo poblacional que los resguarde” y generar “acciones para minimizar la posibilidad de contagio”.

Según se remarcó en los dictámenes, el SPF “viene implementando” este tipo de protocolos de prevención.

Por otra parte, la fiscal Ramos cuestionó los argumentos de que el arresto domiciliario sea más seguro para los detenidos y que de esta forma tendrán una mejor atención médica, ya que bajo esa modalidad sólo podrán recibir atención de urgencia. Es que las obras sociales que tiene la mayoría de los reclusos se encuentra con gran parte de los servicios suspendidos y con el resto de las consultas realizándose por correo electrónico. Además, destacó que estando en el domicilio las posibilidades de contagio no se neutralizan, debido al contacto que puede tener el detenido con las personas que lo cuidan y que deben salir a la calle en busca de sus medicamentos y de su comida.

En consecuencia, concluyó que los temores planteados por las defensas importan una “situación potencial, toda vez que no existe ningún reporte oficial de la existencia de algún caso sospechoso intramuros”.

Por el contrario, en una de las vistas corridas al MPF la defensa no supo explicar cómo sería la atención, dado que la obra social del imputado del caso (IOFSA) lo único que podría tener garantizada sería una atención de urgencia, pero sin control periódico, ya que así lo informó la propia entidad. “El hecho de tener una Obra Social hoy no lo coloca en mejor situación dada la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el país”, graficó la fiscal.

En otro de los casos, el MPF resaltó que no se explicó cómo sería la atención médica en un domicilio, dado que la obra social del imputado sólo podría tener garantizada sería una atención de urgencia, pero sin control periódico Estadísticas La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó 104 pedidos de prisión domiciliaria desde el dictado del DNU 260/2020. Sólo se resolvieron 58, dentro de los cuales se otorgó el beneficio a 17 personas, mientras que a 41 se le denegó esa posibilidad. Además, de las solicitudes realizadas 19 argumentan como único motivo la cuestión etaria (mayores de 70 años), mientras que el restante agrega algún tipo de problema de salud.

Mientras que la Ciudad de Buenos Aires fue la jurisdicción que recibió más pedidos, Mendoza fue en la que más domiciliarias se otorgó, contabilizando nueve casos.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó 104 pedidos de prisión domiciliaria desde el dictado del DNU 260/2020. Sólo se resolvieron 58: se otorgó el beneficio a 17 personas y a 41 se le denegó.

Finalmente, en la mayoría de las situaciones aún no resueltas los tribunales que deben decidir ordenaron conformar juntas médicas con el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se produzcan nuevos informes, entre otras cosas medidas, o encomendarles nuevos en los casos en las que la junta ya está constituida.