La Justicia le otorgó prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou

oportunidades que se revise su situación.

La última presentación hizo alusión a la Emergencia sanitaria declarada por el coronavirus. Se dispuso que se realice también, un monitoreo electrónico del ex vicepresidente que será trasladado a s u domicilio del barrio de Barracas.

Mientras la Corte Suprema de Justicia decidió que no habilitará la feria judicial extraordinaria para dar un pronto despacho a un pedido de los abogados de Amado Boudou, para que se revise la condena que recibió en el caso Ciccone, la Justicia federal con la firma del juez Obligado concedió el beneficio del arresto domiciliario al ex vicepresidente de Cristina Kirchner.

El último pedido que el abogado Alejandro Rúa y su socia Graciana Peñafort realizaron ante la Justicia adujó a la pandemia del coronavirus. Citaron, entonces, que debía atenderse la situación ante la declaración de emergencia por parte del Estado nacional para evitar que continúe propagándose el coronavirus.

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Analizando otros aspectos, el juez Obligado planteó que le corresponde a Amado Boudou, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles por la compra venta de la ex Calcográfica, una “morigeración” de su condena, es decir, que pueda cumplir la misma en su domicilio dejando así el Penal de Ezeiza.

Amado Boudou está condenado por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) a cinco años y diez meses. El magistrado tuvo en consideración que el ex vice “ya estuvo detenido, fue excarcelado, se le revocó tal beneficio y retornó al encierro penitenciario. Hasta el momento viene cumpliendo con las pautas procesales que se le han impuestos y también registra Conducta 10, concepto 6”, según un informe socio ambiental recibido. 

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Por otro lado, se analizó la situación sanitaria que atraviesa el país. En este punto, Obligado señaló que en el estado de situación de la pandemia “se incrementan los riesgos personales” de Boudou “en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habré de morigerar su encierro”, sostiene la resolución a la que accedió Clarín.

El Servicio Penitenciario Federal, responsable de 14.007 internos, aplicó controles médicos diarios, como también medidas de higiene con cuadrillas de limpieza y auditorías sobre las misma.