Coronavirus en Argentina: la Justicia abrió una investigación por los alimentos con sobreprecios

En esta etapa preliminar, según fuentes judiciales, se evaluó el grado de “verosimilitud de lo denunciado” y “su trascendencia desde el punto de vista económico”. Se ordenó una serie de medidas que incluyen informes sobre las empresas implicadas hasta sumarios administrativos que se hayan iniciado desde el Estado a los responsables.

Responsable de investigar aquellos delitos contra la administración pública, como aquellos casos donde hay involucrado dinero del Estado, la PIA es la responsable de llevar adelante la denuncia que presentó la abogada Silvina Martínez. La misma se formuló vía online desde la web del Ministerio Público Fiscal que se implementó desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

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El fiscal Rodríguez evaluó que correspondía abrir la investigación, porque tenía “verosimilitud” la denuncia y porque era “algo trascendente desde el punto de vista económico”. “Hay dinero del Estado implicado y esto podría significar que un gran sector de la sociedad podría verse damnificado“, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Silvina Martínez denunció los posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública. Martínez además pidió que se haga cuanto antes un allanamiento en la sede del ministerio, “a los fines de obtener toda la documentación necesaria a los fines del progreso de la investigación”.

Para clarificar la situación, la PIA ordenó una serie de medidas que incluye pedidos de informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre diversas empresas que intervinieron en la venta de alimentos al Estado. También, los antecedentes de las contrataciones a la oficina nacional de contrataciones, y las copias de los expedientes de contrataciones al Ministerio de Desarrollo.

Asimismo, el fiscal Rodríguez requirió que el Gobierno informe si inició alguna sanción disciplinaria o la apertura de sumarios administrativos, contra los funcionarios que estuvieron involucrados en la adquisición de los alimentos. Este martes, el ministro Daniel Arroyo echó al encargado de pedir la compra, Gonzalo Calvo, y con él hubo 14 renuncias que está analizando. 

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La denuncia recuerda que el 19 de marzo, a través de la Disposición 48/2020, se aprobó un procedimiento complementario para agilizar la implementación práctica de los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios en el marco de la emergencia, entre cuyos cambios centrales el Decreto 287/2020 autoriza la contratación directa de bienes, servicios o equipamiento necesarios. Por esas compras de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas se pagó un total de 574,5 millones de pesos.

El lunes 6 de abril se publicaron en el Boletín Oficial varias resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social donde se autorizaba la compra masiva de alimentos básicos para abastecer a los sectores más vulnerables en el marco de la epidemia del coronavirus. Sin embargo, los precios que se detallaron “están hasta un 37% por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría”, advierte el escrito. “Es el caso de las compras de aceite, azúcar y arroz. El Gobierno admitió que pagó precios más altos por estos productos y lo justificó por la urgencia para concretar las compras”.

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Por el aceite, el Gobierno autorizó compras por 164 millones de pesos a las empresas Sol Ganadera, Copacabana y Teylem, que ofrecieron precios por aceites mezcla de 1,5 litros de $157,80, $158,67 y $166,58 para las marcas Indigo, Casaliva, Ideal y Marolio. “En los supermercados, un aceite de girasol de primera marca, como Cocinero, se vende a $145,79. Si se compara con los productos de Precios Cuidados, en tanto, la diferencia es aún mayor. En la lista de precios elaborada por el Gobierno, se encuentra los aceites con las marcas Cada Día e Ideal a un precio de $121 cada una, también en presentación de 1,5 litros. La diferencia es de 37,6%”.

Las diferencias se repiten en el caso del azúcar -se autorizaron compras por 51 millones de pesos a las empresas Copacabana y Alimentos Generales, productoras de la marca La Muñeca, un 25% más caros que el azúcar Ledesma- y el arroz: la resolución adjudicó una compra de arroz en kilo por 69 millones de pesos a las empresas Teylem, Alimentos Generales y Copacabana, un 17% por encima de los productos de Precios Cuidados. También hay dudas respecto a las compras de fideos semolados, que proveyeron las firmas Sol Ganadera, Copacabana y Forain; y de lentejas, compradas a Copacabana, Forain y M.H. Accurso.