El Club Político Argentino publicó una carta crítica en la que advierte que con algunos hechos ocurridos en los últimos días,como la compra de productos con sobreprecios por parte del Estado
y el beneficio de domiciliaria a Amado Boudou, “se lesiona la confianza” de la población en medio de la pandemia de coronavirus.
“Ante algunos hechos y situaciones de público conocimiento que se sucedieron en esta semana, creemos conveniente hacer un señalamiento que esperamos sea atendido”, afirma Graciela Fernández Meijide, presidenta del Club.
Con el mensaje reiterado de “se lesiona la confianza”, en el texto se expresa preocupación por lo que ocurrió con la compra de arroz y de aceite por encima de los precios testigos que recomienda la SIGEN. Lo mismo con la prisión domiciliaria otorgada al ex presidente Amado Boudou, condenado por la causa Ciccone.
“Hace pocos meses elegimos autoridades de los poderes ejecutivos y legislativos de los tres niveles de gobierno. Esa renovación abrió un tiempo de confianza en esas instituciones y en los políticos y funcionarios que la encarnan. No comprometamos esa confianza”, remarca el texto.
El Club Político Argentino es un grupo de intelectuales creado en 2008 y formado por historiadores, economistas, politólogos y periodistas.
Aquí la carta completa:
Nuestro país enfrenta la pandemia en precarias condiciones: Si antes de la pandemia, más del 30% de la población vivía en la pobreza, el COVID 19 y la cuarentena están llevando a porcentajes de la población sustancialmente mayores a situaciones de emergencia.
Si antes de la pandemia nuestro sistema productivo estaba comprometido por una extensa recesión y por diez años de estancamiento, la situación actual empeora el funcionamiento de nuestras empresas productivas y condiciona su capacidad para sostener el empleo y pagar los impuestos que –en definitiva- sostienen el aparato del Estado.
Nuestra situación fiscal es comprometida y el Estado argentino no tiene ahorros como para enfrentar un shock de esta envergadura. Es un momento en que los países emergentes no acceden al crédito internacional y la Argentina tiene cerrado ese crédito desde el año 2018, cuando, al recurrir al FMI, usamos también el crédito institucional. Tampoco tenemos una moneda aceptada por la población para preservar sus ahorros, por lo cual la capacidad prestable del sistema financiero argentino es limitada y a falta de una moneda confiable, más limitada aún es la capacidad del Banco Central para emitir los pesos necesarios.
Nuestra principal fortaleza está en la resiliencia de nuestra población y en el funcionamiento de las instituciones de la República. Hace pocos meses elegimos autoridades de los poderes ejecutivos y legislativos de los tres niveles de gobierno. Esa renovación abrió un tiempo de confianza en esas instituciones y en los políticos y funcionarios que la encarnan. No comprometamos esa confianza.
Si un ministerio de la Nación compra cantidades de alimentos para los más necesitados a precios superiores a los que la población accede en los comercios minoristas, se lesiona la confianza.
El Presidente de la Nación puede estar convencido de que un dirigente gremial es “ejemplar”, pero no puede desconocer que buena parte de la población tiene fundadas sospechas sobre ese mismo dirigente que –además- está siendo investigado por el Poder Judicial. Se lesiona la confianza.
Cuando un empresario de una cadena argentina de supermercados manifiesta públicamente que las autoridades municipales lo someten a una arbitraria campaña de persecución, esas autoridades deben de inmediato aclarar esa situación, de otra forma se lesiona la confianza en esas autoridades y, adicionalmente, la de muchos otros dirigentes municipales que están trabajando con honestidad y sacrificio al servicio de los ciudadanos. A falta de explicaciones, se lesiona la confianza en autoridades municipales que fueron convocadas a controlar los precios de los productos de primera necesidad.
La informatización del Estado Nacional es un logro argentino, ningún país de América Latina alcanzó esa eficiencia en el funcionamiento del Estado con expedientes electrónicos. Este sistema transparenta al Estado porque permite a cualquier ciudadano consultar o indagar las acciones de los funcionarios. En varios años de funcionamiento se fueron corrigiendo con eficiencia y velocidad las escasas fallas del sistema. Abrir la posibilidad de volver a los expedientes en papel lesiona la confianza en el accionar del Estado.
Aquellos empresarios que crean valor, emplean trabajadores, pagan impuestos, abastecen a la población o exportan, son dirigentes comunitarios que merecen el respeto y la comprensión de los ciudadanos y de los funcionarios. Llamarlos –en forma indiscriminada- “miserables” lesiona la confianza, en este caso, en la institución presidencial.
Los argentinos elegimos representantes al Congreso Nacional, si en países en guerra los parlamentos pudieron cumplir con su misión, la pandemia no puede ser un obstáculo para el funcionamiento de nuestro Congreso. Hay procedimientos electrónicos como para que sesionen y –si es ineludible la presencia física- se pueden implementar protocolos sanitarios para no poner en peligro la salud de nuestros representantes. Legislar por DNU expone a la institución presidencial a errores y falta de consensos frente a un desafío que es de todo el país: por eso lesiona la confianza en nuestras instituciones.
El Poder Judicial es central en la institucionalidad republicana, como el Congreso, debe seguir funcionando. Sin embargo buena parte de la actividad judicial está paralizada. Pese a eso, algunos jueces siguieron favoreciendo a condenados detenidos por causas de corrupción, en este caso al ex vicepresidente Boudou. Se lesiona la confianza en el Poder Judicial.
En este tiempo de emergencia apelamos a nuestras autoridades en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes a que protejan ese activo de la Nación: LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA.
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