El Gobierno de Axel Kicillof multará a la empresa Avex Dánica, fabricante de margarinas, por el cierre de su planta de Lavallol, que empleaba hasta la semana pasada a 150 personas.
La sanción podría ser millonaria, teniendo en cuenta que desde el ministerio de Trabajo bonaerense consideran que “es una falta grave. No se pueden admitir este tipo de situaciones en un momento de alta sensibilidad para la gente” y en el marco del decreto presidencial que prohibió despidos y suspensiones sin justa causa.
La situación llegó a un punto de quiebre esa semana, luego de varios días de conflictos gremiales y despidos, en el contexto de la cuarentena sanitaria que tiene fuerte impacto en la economía.
Desde el lunes, la fábrica de Lavallol está cerrada con candado y este miércoles la empresa difundió un comunicado, con el título, “Así no podemos seguir”, en el cual argumenta que “el cierre de la planta, que impacta en la comunidad en un contexto agravado por la recesión económica y por la emergencia de Covid-19, tiene su origen en un desmedido reclamo salarial de los gremios de Federación Aceitera. Dichos gremios vienen exigiendo pautas salariales propias del mercado exportador que resultan inaplicables y excesivamente onerosas para la actividad que despliega Avex Dánica en el país. Se trata de demandas que hacen inviable la continuidad del negocio en las condiciones actuales”.
Fuentes del Gobierno bonaerense están convencidos de que “no había motivos para dejar de cumplir con la obligación de seguir en actividad, y más en este momento, por lo que significa la producción de alimentos”. E iniciaron el procedimiento para efectivizar la multa, que según prevé el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales modificado en 2014 (Ley N° 26.941), si se cataloga finalmente como una infracción grave podría llegar hasta el 2.000% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.
La trama del conflicto
Si bien la producción de alimentos, como en el caso de esta fábrica, está expresamente exceptuada del aislamiento, el contexto de la pandemia fue determinante para potenciar posiciones antagónicas que desencadenaron en la interrupción de las actividades. Primero hubo rispideces por reclamos de los obreros sobre las condiciones de higiene. Y desde la empresa afirmaron que, una vez que se reorganizaron los planteles, al no poder contar con personas en situación de riesgo y con algunos padres de niños en edad escolar, se solicitó el cumplimento de actividades suplementarias. Pero algunos trabajadores no habrían accedido a trabajar de ese modo adicional.
“El quite de colaboración en plena cuarentena obliga a la paralización definitiva de las actividades”, argumentan desde la empresa, que días atrás había decidido “desvincular trabajadores con justa causa, por negarse a realizar sus labores en jornadas suplementarios como lo requería la esencialidad de la actividad decretada por el gobierno”.
Los despidos motivaron las protestas de los trabajadores y se dictó la conciliación obligatoria, que desde el gobierno de Kicillof entienden fue desacatada por Avex Dánica al cerrar la fábrica de Lavallol.
Lo que sigue es un proceso judicial que llevaría al menos un par de semanas, porque la empresa presentó un recurso rechazando la competencia del ministerio de Trabajo bonaerense. Y propone “retomar negociaciones en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis que tramita ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para encontrar condiciones de sustentabilidad que permitan reanudar la fabricación de margarinas de mesa, un producto fundamental para la alimentación de los argentinos”.
Los trabajadores, y los representantes del Estado bonaerense también aducen la voluntad de llegar a algún entendimiento para que continúe la actividad y se mantengan las fuentes de trabajo, pero por ahora las posiciones se presentan irreconciliables.
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