A modo de ejemplo, vale el del sector de los micros de media y larga distancia.
Los empresarios aseguran que en marzo y abril tendrán un déficit mensual de
$3.000 millones y que el pago en tiempo y forma de los sueldos de abril está entre paréntesis.
Como en buena parte del sector industrial y comercial, las ventas se paralizaron el 20 de marzo y el pago de salarios de comienzo de abril ya mostró a empresas de comidas rápidas, bares y otros comercios minoristas cortando 50% de las remuneraciones correspondientes a los diez últimos días del mes pasado.
El desafío del pago de los salarios de abril entra en zona de riesgo a partir de una realidad: ni las empresas ni lo comercios facturan y, en muchos casos, sin ese flujo se les dificulta cumplir al 100%.
Desde el Gobierno el mensaje hasta ahora se mantiene unificado en que las líneas de crédito al 24% anual, en las que hizo punta la banca oficial, seguida por el conjunto de los bancos privados, son el instrumento adecuado en este momento de la crisis.
En la práctica, estos créditos están demostrando problemas de implementación por los requisitos que deben cumplir los tomadores y los montosa los que pueden acceder.
En general —y con la excepción de los clientes más calificados y con carpetas perfectas en las entidades—, las firmas que los piden consiguen lo necesario para cubrir el 10% o 15% de la nómina salarial. Además, el comerciante que logre acceder a esos préstamos no sabe por cuánto tiempo más deberá tener cerrado su negocio. El aislamiento social obligatorio no depende de su decisión ni de la de sus empleados.
Es por eso que dentro y fuera del Gobierno se comienza a perfilar la posibilidad de otras vías para garantizarles aunque sea una parte sustancial de su ingreso mensual a los asalariados en los primeros días de mayo, fecha en la cual todavía seguiría la cuarentena obligatoria.
El economista Carlos Melconian hizo punta hace tres semanas sugiriendo que sea el Estado el que se haga cargo del pago de los salarios de, por lo menos, este mes.
Propuso que el Banco Central les otorgue redescuentos a los bancos para que estos, a su vez, se hagan cargo del pago de los sueldos a cambio de nombre y apellido y número de documento como forma de agilizar la llegada del dinero.
Una pregunta redundante para estos tiempos sería: ¿Y quién pone la plata? La respuesta también es acorde a lo que se vino dando como consecuencia de la crisis del coronavirus: el Tesoro. De este modo el Estado haría frente a parte de los costos de su política de aislamiento obligatorio que, como es palpable, derrumbó la actividad económica.
Esta vía sería una salida extraordinaria para una situación inédita y extraordinaria como es el cierre de la economía mundial por varios meses. El pago de las nóminas salariales a cargo del Estado es un tema que Inglaterra ya dispuso y forma parte de los paquetes destinados a proteger a las empresas con el objetivo de sostener el empleo y mejorar su posición para el momento de salir de la estrategia del aislamiento total.
En el Gobierno estaría bajo análisis una vía alternativa: mantener las líneas de crédito al 24% y ampliarlas más autorizando una reducción de los requisitos para otorgarlos, pero permitiendo que las compañías afectadas por la caída de la actividad puedan pagar el 70% de los salarios.
Un adelanto de ese esquema ya lo impuso la realidad. Por ejemplo Aluar, la principal productora de aluminio, negocia con los sindicatos el pago de 50% de los salarios hasta que la actividad retorne a algún nivel de normalidad y con el compromiso de mantener la totalidad del empleo.
El presidente Alberto Fernándezsostuvo en la semana que este es tiempo del Estado y que “el Estado será el motor de la economía”, un concepto audaz teniendo en cuenta una disparada del déficit fiscal ante la necesidad de atender la crisis generada por la pandemia, y a las puertas de proponerles a los acreedores privados una quita importante de la deuda con el argumento de que resulta “impagable”.
Tal vez, intentar proteger a las empresas privadas que vienen desenvolviéndose durante nueve años de estancamiento resulte más eficiente que pensar en aplicarles más impuestos en un momento de caída a pique de la actividad. Pero la política tiene sus reglas y, muchas veces, su aplicación genera grandes costos económicos.
LGP
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