la violencia, a raíz de un video, que se viralizó en las redes sociales, en el que llamaba a incumplir el aislamiento obligatorio e insultaba al presidente Alberto Fernández.
Se trata del teniente coronel Alberto Aquilino Ortega, que había sido denunciado por el Ejército Argentino ante el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Claudio Marcelo Palacin, y el fiscal federal Nº 2 de Rosario, Claudio Kishimoto, a raíz de sus declaraciones formuladas en la grabación.
Ortega fue convocado por el Juzgado Federal Nº3 de esa jurisdicción a prestar declaración indagatoria, pero se negó a declarar, según consignaron fuentes judiciales.
En el video difundido por el propio Ortega, quien se identificó durante la grabación con su nombre, apellido y DNI, el militar retirado tildó de “inútil” y “miserable” al jefe de Estado argentino, y justificó sus dichos a raíz de los elogios de Fernández al gremialista Hugo Moyano, a quien señaló como “delincuente”.
En el video, Ortega exhortó a sus camaradas a “salir” e “incitar a la población” a liberarse de un supuesto régimen “estatista, totalitario, comunista, maoista, subversivo, hijo de re mil p…”, que tendría “esclavizado” al pueblo argentino.
A raíz sus dichos, el militar retirado quedó imputado porque -según lo argumentado por los fiscales- “no se puede soslayar que los delitos que se estiman cometidos, deben ser valorados en el marco de la situación de emergencia sanitaria que vive el país y el mundo, en un escenario en el cual las autoridades competentes están adoptando todas las medidas necesarias para impedir la propagación del virus”.
En la misma línea, Palacin y Kishimoto entendieron que, “al ser un miembro de las Fuerzas Armadas, Ortega pretendió formalizar un movimiento organizado de personas que disponen de armas, para alcanzar algunos de los graves objetivos que el tipo penal agrupa como elementos subjetivos de la figura”.
En tanto, fuentes judiciales, indicaron que la conducta de Ortega -sobre cuya situación procesal se tendrá que pronunciar ahora el magistrado, tras la indagatoria- podría encuadrar en lo estipuado por el artículo 212 del Código Penal porque “con sus expresiones, clara y públicamente, ha incitado a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, lo que se castiga por la sola incitación”.
