El Poder Judicial logró garantizar los servicios esenciales de justicia y busca ahora adaptar el sistema a las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus con recursos
digitales y mecanismos a distancia para los procesos.
Con la declaración de feria extraordinaria hasta el 26 de abril, que se extenderá de acuerdo a lo que disponga el Ministerio de Salud para el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Justicia garantizó la atención de los episodios que demandan intervención judicial inmediata, como la investigación de delitos penales o denuncias por violencia de género.
Ahora, el sistema de justicia tiene el desafío de transformar el viejo sistema en papel, que demanda la presencia física de los actores, a una enteramente digital y a distancia.
Cuando se desató la pandemia, a mediados de marzo, la Justicia puso el esfuerzo inicial en garantizar que se siguieran recibiendo denuncias por violencia de género y que se tomaran las medidas previstas para proteger a las víctimas del agresor.
En la misma línea, los funcionarios judiciales buscaron garantizar, en ese primer esfuerzo, los amparos por temas de salud, los pedidos de prestaciones urgentes y el acceso a los medicamentos, como así también la situación de niños y adolescentes institucionalizados y personas que cumplen condenas.
También se habilitaron los pagos electrónicos de sentencias y honorarios para evitar el colapso económico de los abogados y demandantes, y se puso especial énfasis en la tramitación de denuncias por violaciones a las medidas de distancia social y aislamiento obligatoria.
Todas estas medidas se vienen cumpliendo, pero en el Poder Judicial hay consenso en que el desafío de fondo está en adaptar el sistema de justicia a la nueva realidad que impone el coronavirus y que para ello hace falta decisión política de la Corte, creatividad y recursos.
Si bien la Corte amplió las funciones digitales en el trámite de expedientes con las acordadas 11 y 12 de este año, la implementación no será inmediata y tendrá que convivir con el programa de gestión “Lex 100” que ya tiene una década de vida y que en enero último, en plena feria y sin mucha demanda de usuarios, estuvo caído durante largos períodos de tiempo.
Todo indica que para llevar adelante esta transformación en la justicia, e ir de un proceso básicamente en papel a uno enteramente digital, la Corte Suprema deberá recurrir a los 30 mil millones de pesos que viene acumulando en un fondo anticíclico desde 2008.
En este sentido, el Consejo de la Magistratura definió el jueves, en su primer plenario virtual, reclamar fondos extraordinarios a la Corte para hacer frente al pago de salarios, que se verían caídos en dos meses sin refuerzo presupuestario, y para llevar adelante la transformación tecnológica que la situación demanda.
“El trabajo digital para nosotros es completamente nuevo: no usar el papel implica una forma completamente nueva de trabajo, con nuevos medios que no todo el mundo maneja de la misma manera”, señaló a Télam un magistrado del fuero penal con más de veinte años en la Justicia.
Los jueces debieron abandonar sus despachos y generar desde la reclusión de sus casas una dinámica de trabajo que se acerque lo más posible a la normalidad, con herramientas y dispositivos que habitualmente no se usaban en lo laboral.
En esta nueva realidad, los jueces, fiscales, defensores y funcionarios de justicia en general descubrieron que el “teletrabajo” tiene el serio inconveniente de que no tiene horarios y es difícil combinarlo con la vida personal.
“Ayer eran las siete de la tarde y seguía en una reunión por videoconferencia con unas colegas”, ejemplificó el juez penal y se lamentó que todo este esfuerzo sea “invisible” para el resto de la sociedad.
Pese a todas las dificultades, el Poder Judicial generó avances: la Justicia de Río Negro habilitó las mediaciones y conciliaciones a distancia para los casos laborales y de familia; el fuero Civil nacional instauró un mecanismo de comunicación con los organismos del Estado para dar respuesta urgente a los pedidos y la Corte estableció que se pueda prescindir del papel cuando se utilice la firma electrónica.
En cuanto a las audiencias en juicios orales, uno de los mayores desafíos a resolver, se están probando plataformas de reuniones electrónicas y en pocos días se testeará esta posibilidad con una audiencia de “probation”, en la que el imputado fundamenta por qué debe suspenderse su juicio, y que es uno de los trámites más sencillos entre los que arbitra un tribunal oral.
En principio solo se podrán celebrar audiencias remotas y, en una segunda etapa, cuando se flexibilicen las restricciones a la circulación, los jueces están pensando en un sistema de turnos para evitar las aglomeraciones en tribunales, un verdadero desafío para lugares en que la concurrencia de ciudadanos es su razón de ser.
