Las ventas de las empresas comerciales y de servicios cayeron un 64,3% en promedio desde el inicio del aislamiento por coronavirus y 90% de esas compañías se
encuentra sin operaciones o parcialmente operativa, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
La entidad realizó la encuesta sobre el impacto del Covid-19 entre empresas de todo el país y de diversos tamaños.
Del relevamiento surgió que 52,9% están sin operaciones, un 39,1% parcialmente operativa y sólo 8% completamente operativa; mientras que en el 92% de los casos cayeron las ventas y, en promedio, la merma fue de 64,3% desde el inicio de la cuarentena.
En este contexto, 57,2% de las empresas realizó el pago íntegro de sueldos de marzo, 28,65% hizo un pago parcial y 14,1% no cumplió con esa obligación. El 36,2% de las empresas relevadas cree que en mayo no podrá pagar el sueldo; 24,6% estima que pagará íntegramente; y 39,1% pagará parcialmente.
En cuanto a las medidas de asistencia lanzadas por el Gobierno en materia laboral, un 70,7% señaló que no está utilizando ninguna, mientras 22,5% está accediendo a reducción de aportes patronales, 4% a los Repro y 2,2% a asignación compensatoria.
Un 21,7% de las empresas pudo acceder a la línea de crédito bancaria con tasa del 24% anual, pero el resto no alcanza la calificación crediticia / garantía, no pudo comunicarse con la entidad bancaria o se les solicitó un trámite presencial.
Acerca de las ventas por Internet, un 30,8% ya las realizaba desde antes del inicio de las restricciones; 15,6% implementó esta modalidad a partir de entonces; y la mayoría, un 53,6% no vende online.
Por último, la CAC consultó a las empresas acerca de las principales medidas que debería implementar el Estado (en sus niveles nacional, provincial y municipal) para aliviar las dificultades de las empresas.
Los principales puntos señalados, antes de las últimas medidas oficiales, fueron: mayores reducciones impositivas; reforzar la asistencia estatal para solventar el pago de salarios y contribuciones patronales; permitir paulatinamente el funcionamiento de nuevos rubros de actividad; dinamizar desembolsos en el caso de empresas proveedoras del Estado; y brindar mayores facilidades crediticias.
