Con el registro del primer infectado del COVID-19 en las cárceles bonaerenses, se desarrolla una polémica por las excarcelaciones de detenidos considerados de riesgo sanitario y con condenas leves, que frena
esa decisión del Tribunal de Casación e inicia un proceso que terminará en la Suprema Corte de justicia.
Detrás de los tecnicismos hay cuestiones humanitarias. Son las que alegan los 18 Defensores Oficiales de los Departamentos Judiciales de la Provincia para otorgar ese beneficio a medio millar de presos. Y otros de regulación del pleno de derecho que argumenta el fiscal de Casación, Carlos Altuve, quien pide definiciones sobre cuáles son los delitos leves que se consideran.
Del ordenamiento de esta controversia surge el detalle: el Servicio Penitenciario Bonaerense tiene capacidad para 23.000 reclusos. Aloja el doble en condiciones de hacinamiento. La propia Casación advirtió el peligro de esta superpoblación. Con el Ministerio de Justicia, y los diversos actores, entre ellos los mismos presos, evalúan una atenuación del problema. Allí incluían las excarcelaciones para casos específicos.
Eso fue antes de la pandemia. Con el virus aumentó esa prevención por la eventualidad de contagios internos.
“Si entra el virus será una masacre”, alertaban los reclusos. Hubo principios de amotinamientos en demanda de soluciones.
Después, como resguardo, los presos y las autoridades del área decidieron cortar el régimen de visitas. También el SPB estableció medidas de salubridad ajustadas a protocolo.
Hace unos días, el juez de Casación, Victor Violini, a cargo de la presidencia del tribunal mientras duró la ausencia de Ricardo Borinsky, volvió a insistir con la sobrepoblación que existe en las cárceles bonaerenses. Esa realidad apremiante determina un deterioro en las condiciones de detención y agravan el riesgo de contagio de coronavirus. Lo hizo para sostener el fallo excarcelatorio que podría beneficiar a más de 400 personas.
En la resolución, Violini establece la posibilidad del arresto domiciliario, mientras dure el aislamiento social, de los presos detenidos por delitos leves y que constituyen grupo de riesgo ante el coronavirus. En el caso de los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves, Casación había dispuesto que cada juez analice la viabilidad de la medida.
También dispuso que los jueces, de oficio, evalúen la situación de aquellos bajo prisión preventiva y con los plazos cumplidos para estar detenidos sin condena.
Los habeas corpus colectivos de los Defensores, entonces, habían prosperado en sus efectos. La disposición comenzaba a aplicarse con un andamiento lento, pero progresivo. Pero, el fiscal Altuve interpuso el recurso.
¿Por qué se opone? Altuve dice estar de acuerdo con la búsqueda de alternativas para evitar que el coronavirus ingrese a los presidios bonaerenses. Pero interroga sobre la forma de ejecución. Sostiene que, en principio, involucraría a 420 presos. Aunque, y ahí reside la polémica, si no se establecen claramente las categorías de delitos, leves en este caso, el fallo de Casación, tomado en su amplitud, puede derivar en miles de excarcelaciones.
¿Qué efecto tiene el recurso de Altuve?. Según el fiscal debería detener las excarcelaciones en curso, hasta el pronunciamiento de la Suprema Corte.
Por eso, este lunes, los Defensores oficiales de la Provincia pidieron se declare “inadmisible” el recurso presentado por la fiscalía contra la orden de otorgar prisión domiciliaria, en esos términos. Pidieron que Casación conceda la decisión en carácter de “urgente”.
El tema recorre los despachos virtuales de los magistrados. Es en el mismo momento de detección de contagio en la Unidad N°42 de Florencio Varela. El preso está condenado a cadena perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Asesinó a su hija de 8 años, tiene 49 años, una afección renal crónica y su estado es grave.
Es un ejemplo de quienes no entrarían en el régimen previsto por Casación.
Como sugería el subsecretario de Política Criminal del Ministerio, Lisandro Pellegrini, el gobierno provincial considera que las medidas de salida de prisión “deberían estar principalmente dirigidas a la población carcelaria procesada o condenada por delitos menores”. Aquellos calificados leves, según el funcionario, son los que tienen pena baja, los que se cometieron sin violencia y que son de peligro abstracto.
Allí cree encontrar un bache el fiscal Altuve.
De acuerdo con la presentación de los 18 Defensores oficiales no existe tal bache de imprevisión. A través de un escrito pidieron que se declare “inadmisible” el recurso planteado. Además, hicieron la reserva federal por considerar que están comprometidas las garantías constitucionales.
Para los defensores, el fallo de Casación que hizo lugar a un hábeas corpus masivo en favor de los detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupo de riesgo “no hace sino resolver una cuestión incidental en cada uno de los procesos relacionados al universo de personas privadas de su libertad alcanzadas por la misma”.
Es incidental porque la resolución de los arrestos domiciliarios “se efectivizarán a través de sus jueces naturales”, completan el enfoque.
Después, van directamente contra el comportamiento legal de Altuve: “Después de pregonar que debían ser los jueces naturales de la instancia quienes decidieran cada caso concreto, deja de lado por completo a dicho argumento y le exige al Tribunal que delimite qué delitos deben ser considerados leves y cuáles graves”.
“La postura es desconcertante”, insisten.
La cuestión puede tener un escalamiento en la pirámide judicial. Cuando se conoció el fallo de Casación, el jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, quien acompaña los espacios institucionales creados por el Ministerio de Justicia, a cargo de Julio Alak, para resolver el tema carcelario, advirtió que en los listados podían aparecer pedidos de presos que no estarían bajo los requisitos de riesgo comprobado. Declaró que de esa manera podrían ocurrir “miserias humanas”. “Se están pidiendo arrestos domiciliarios, beneficios, y hasta reducción de pena para personas que no están incorporadas al universo de riesgo del coronavirus”, dijo el representante del ministerio público. Incorporó los eventuales peligros de fuga, porque no habría formas de controlar a todos los que obtuvieran el beneficio. “No existen certezas de que no puedan escaparse”, agregó entonces.
El dato es que los Defensores, como los fiscales, también están bajo jurisdicción institucional de la Procuración General, porque el cargo de Defensor General todavía está desierto.
Si Casación deniega el recurso de Altuve, irá en queja a la Suprema Corte. En esa instancia, por una especie de esquizofrenia institucional, en el pleito judicial intervendrá la misma Procuración porque Altuve y los Defensores son parte de su competencia, aunque tengan pensamientos opuestos y delegaciones de responsabilidades diferentes.
Si Conte Grand coincidiera con el fallo de Casación, directamente, se caería el recurso de Altuve y la Corte no tendría necesidad de intervenir.
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