El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, bregó hoy por un “rápido” esclarecimiento judicial del caso de compras de alimentos con sobreprecios y además consideró que es
“positivo” que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) haya presentado una denuncia penal porque eso “va a permitir que quede aclarado todo lo que pasó”.
Tras conocerse que la Procuraduría realizó la denuncia penal por la compra de alimentos para abastecer a comedores en el marco de la pandemia con sobreprecios en algunos ítems, que no llegó a concretarse luego de que la información trascendiera en los medios, Arroyo manifestó que “es positivo que la fiscalía haya hecho la denuncia penal porque así va a quedar claro todo”.
“La fiscalía actuó muy rápido, muy bien y toda la información que requirió, se la facilitamos”, dijo Arroyo en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red.
Ayer, el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, el fiscal Sergio Rodríguez, oficializó la denuncia a través de un escrito de más de 100 páginas, en el que solicita que se investigue el proceso de compra de alimentos por parte de la cartera que encabeza Arroyo, que derivó en el desplazamiento de Gonzalo Calvo, en ese momento a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica, y de su equipo.
“Se entiende que nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”, dice la presentación, que concluye que hubo una compra dirigida a un grupo reducido de empresas que están “en manos de dos o tres grupos de oferentes”.
En ese marco, Arroyo remarcó: “Quiero transparencia y que se resuelva el caso. Por eso, estoy esperando que avance la investigación judicial rápidamente para tener el resultado y así lograr mayor claridad”.
Con respecto al sistema de compras de alimentos y otros productos por parte del Estado, el ministro afirmó que “efectivamente va a haber un cambio” porque, “teniendo claridad en el precio máximo y estando todos los productores con la posibilidad de venderle al Estado, se garantiza la transparencia para evitar esto que ha pasado”.
En este sentido, Arroyo precisó que, “ahora, hay un cambio fundamental que es que el Estado fija precios máximos mayoristas y así se resolvió el problema del precio porque ahora el Estado para comprar alimentos solo puedo comprar al valor de precios máximos mayoristas o menos que ese tope”.
“La discusión del precio ahora quedó saldada”, sentenció el funcionario, quien, además, convocó a participar de la licitación a todos los productores directos de alimentos porque “el Estado quiere que participen todos, desde los más grandes hasta los pequeños, la economía popular y las fábricas recuperadas”, que se deberán anotar en la plataforma Comprar.
Al respecto, Arroyo dijo que se va “a iniciar una nueva compra de alimentos con la base de precios máximos mayoristas y donde participen todos los productores directos de alimentos”.
En esa línea, remarcó: “Estoy convencido de que hay que cambiar un sistema -de compras- que es histórico, ya que estamos hablando de proveedores que les venden al Estado desde hace muchísimos años”.
Sobre el caso de la cuestiona compra con sobreprecios que no llegó a concretarse, el titular de la cartera de Desarrollo Social detalló que en ese ministerio también “se inició una investigación interna que va a definir cómo se han dado los procedimientos” .
Además, recalcó que esas compras “se suspendieron y nunca se pagaron”, y que, debido a lo ocurrido, hubo un cambio de funcionarios.
