El Ministerio de Salud de Brasil informó este martes de 166 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, que llevan el total de fallecimientos a 2.741. El
país tiene 43.079 casos confirmados de COVID-19 en total, número que se duplicó en nueve días.
El Ministerio informó de que el número real de casos tendería a ser más grande, ya que sólo los pacientes admitidos en los hospitales hacen pruebas y hay casos que esperan confirmación. Los datos de la cartera muestran que el estado de San Pablo lidera en número de casos (15.385 y 1.093 muertes) y luego Río (5.306 y 461).
Lo siguen Ceará, con 3.716 casos; Pernambuco (2.908) y Amazonas (2.270). En cuanto a las muertes, después de Sao Paulo y Río, el mayor volumen de muertes confirmadas ocurre en Pernambuco (260), Ceará (215) y Amazonas (193).
En tanto, a pedido de la Procuraduría General, el Supremo Tribunal Federal brasileño autorizó a abrir una investigación sobre la manifestación que encabezó el domingo el presidente Jair Bolsonaro, en la que se pidió una intervención militar de los poderes Legislativo y Judicial.
El magistrado Alexandre de Moraes aceptó un pedido presentado el lunes por el procurador general de Brasil, Augusto Aras, para investigar una “posible violación de la Ley de Seguridad Nacional” en la protesta que exaltó la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985, y pidió una nueva intervención militar.
El domingo pasado, cientos de personas se manifestaron frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia a favor de Bolsonaro y en contra las medidas de aislamiento adoptadas por diversos gobernadores -y apoyadas por el Congreso y la Justicia- para frenar el avance del coronavirus.
Los manifestantes invocaron, con gritos y carteles, la vuelta del llamado Acto Institucional 5 (AI-5), instaurado en 1968 por el régimen militar, que marcó el inicio del periodo más violento de la represión de la dictadura que gobernó Brasil por 21 años.
El propio mandatario ultraderechista participó de estos actos, sin mascarilla ni guantes, y afirmó que su gobierno no quiere “negociar nada”, declaraciones que fueron rechazadas por varios sectores, entre ellos la mayoría de los gobernadores del país, jueces y congresistas.
Fuente: agencias.
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