La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicó este lunes que la solicitud de prisión domiciliaria del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, detenido por la tragedia
de Once, se realizó a partir de una presentación ante el organismo de la defensa del ex funcionario, y explicó que la petición se hizo “teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” frente al brote de coronavirus.
“La Secretaría de Derechos Humanos no actúa de oficio en este tipo de presentaciones, sino que toma intervención ante reclamos concretos realizados por damnificados, familiares o abogados de personas que aducen violaciones a sus derechos humanos”, aclaró el organismo estatal que conduce Horacio Pietragalla.
A través de un comunicado, la Secretaría señaló que fue la defensa de Jaime la que “acudió” para “plantear el caso” bajo el argumento de un “delicado estado de salud de la persona detenida, agravada por su edad, y la irrupción de la pandemia del COVID-19; manifestando que los anteriores rechazos judiciales ponían en riesgo la salud e incluso la vida del imputado”.
“Teniendo especialmente en cuenta las recomendaciones notificadas frente al brote de coronavirus por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino, acerca de la conveniencia de otorgar prisiones domiciliarias a las personas en grupos de riesgo, sumado a que Jaime no cuenta con una condena firme en su contra y comprobado su estado de salud, es que esta Secretaría propició, a través del amicus curiae, el pedido de prisión domiciliaria”, consignó el organismo.
Además, la Secretaría de Derechos Humanos destacó que “en ningún momento emitió opinión acerca de la culpabilidad o inocencia de Jaime, sino que simplemente se pronunció acerca de su derecho a la prisión domiciliaria”.
“Todas las presentaciones de la Secretaría se dan en el marco de sus funciones sobre el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general”, añadió el texto.
Por último, subrayó que “cada presentación realizada, incluida la de Jaime, es elaborada señalando antecedentes de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina por casos similares, para evitar que el Estado sea sancionado nuevamente”.
La Cámara Federal de Casación Penal debe decidir si concede la prisión domiciliaria pedida por la defensa de Jaime, condenado sin sentencia firme a ocho años de prisión por el choque del tren del ferrocarril Sarmiento en la estación de tren de Once, que causó 51 muertos en febrero de 2012.
Además, el ex funcionario es sometido a juicio oral por supuesto enriquecimiento ilícito y por la presunta compra de material chatarra para el ex ferrocarril Belgrano Cargas, entre otras causas, aunque en esta última investigación tiene prisión preventiva.
El arresto domiciliario fue rechazado por el Tribunal Oral Federal 2, que lo juzgó y condenó por el choque del tren de Once, y luego por el Tribunal Oral Federal 6. Jaime se desempeñó como secretario de Transporte desde el 2003 al 2009.
