El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica pidió este martes la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ante la comisión de Justicia de
la cámara baja, para que informe sobre las presentaciones judiciales efectuadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para solicitar la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime y Martín Báez.
El pedido de informes fe presentado con el argumento de que esa secretaría funciona en la órbita del Ministerio de Justicia.
Ambas solicitudes de prisión domiciliaria fueron rechazadas por distintos tribunales de justicia, el último de ellos hoy por parte de la Cámara Federal de Casación Penal en el caso de Jaime.
A través de un proyecto de resolución, la Coalición Cívica expresó su “profunda preocupación” por las presentaciones judiciales efectuadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, en las que se solicitó la prisión domiciliaria del ex secretario de Transporte y del hijo del empresario santacruceño Lázaro Báez.
Ante la informacin brindada por distintos medios sobre la presentacin de un amicus curiae en referencia al pedido de prisin domiciliaria del Sr. Ricardo Jaime, resulta necesario aclarar algunos puntos sobre el funcionamiento habitual de la Secretara. pic.twitter.com/V6LsCX86lV
Secretara DDHH (@SDHArgentina) April 20, 2020
Los diputados afirmaron que Jaime “se encuentra condenado por haber sido uno de los máximos responsables de la tragedia de Once” mientras Martín Báez “está acusado de lavado de dinero“.
La Secretaría de Derechos Humanos indicó este lunes en un comunicado, que la solicitud de prisión domiciliaria del ex secretario de Transporte, detenido por la tragedia de Once, se realizó a partir de una presentación ante el organismo de la defensa del ex funcionario, y explicó que la petición se hizo “teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” frente al brote de coronavirus.
El organismo estatal que conduce Pietragalla actuó del mismo modo en el caso de Martín Báez, cuyo pedido de arresto domiciliario, solicitado por la defensa, fue rechazado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 , que consideró que la sola invocación de los riesgos que implica el avance de la pandemia de coronavirus no constituye un elemento automático para disponer su liberación.
“Queremos saber si el Ministerio a su cargo funcionará cómo una dependencia estatal dedicada a la defensa personal de encauzados por hechos de corrupción”, señalaron los legisladores del bloque de la CC ARI, que preside Maximiliano Ferraro.
Asimismo, los legisladores señalaron que les “preocupa que el Poder Ejecutivo aproveche la grave situación que está atravesando nuestro país como consecuencia de la pandemia del coronavirus para garantizar la impunidad de los ex funcionarios kirchneristas corruptos”.
“Es perverso que en medio de una pandemia el gobierno pretenda que se le conceda la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime, uno de los máximos responsables del esquema de corrupción que provocó la dolorosa tragedia de Once, quien, además admitió haberse quedado con dinero público de manera irregular”, expresaron.
Desde el bloque de Diputados de la Coalicin Cvica queremos que la Ministra de Justicia venga a @DiputadosAR a brindar informes y explicar por qu su Ministerio se dedica a la defensa personal de corruptos. El servicio de justicia no debe utilizarse para garantizar impunidad.
maxi ferraro (@Maxiferraro) April 21, 2020
En el comunicado emitido ayer, la Secretaría de Derechos Humanos aclaró que “no actúa de oficio en este tipo de presentaciones, sino que toma intervención ante reclamos concretos realizados por damnificados, familiares o abogados de personas que aducen violaciones a sus derechos humanos”.
En ese sentido, la Secretaría señaló que fue la defensa de Jaime la que “acudió” para “plantear el caso” bajo el argumento de un “delicado estado de salud de la persona detenida, agravada por su edad, y la irrupción de la pandemia del coronavirus, manifestando que los anteriores rechazos judiciales ponían en riesgo la salud e incluso la vida del imputado”.
