En Buenos Aires hay 1.002 geriátricos habilitados en todo el territorio que declaran una capacidad de 32.036 camas. Pero detrás de la estadística oficial aparece un subregistro de instituciones informales que
eleva el número hasta 1.800 centros donde se alojan adultos mayores con situaciones sanitarias de mayor vulnerabilidad. Una situación de riesgo mientras cuando se conocieron contagios múltiples de coronavirus en dos instituciones de la Ciudad.
Hace una semana, la Provincia elaboró un protocolo para la prevención y el control del Covid-19 en adultos mayores. La normativa incluye recomendaciones para efectores de salud e instituciones vinculadas al cuidado de los abuelos alojados en esas entidades. Contiene material de control ante detección de casos positivos e impone recomendaciones a los equipos profesionales, a los pacientes y las familias de los internados.
En la jurisdicción rige una ley (la 14.263) que regula el funcionamiento de instituciones “de gestión Pública o Privada que tenga por finalidad brindar alojamiento, alimentación, higiene, recreación activa o pasiva, y atención médica” a personas mayores de 65 años. La habilitación como centros de salud corresponde a la dirección de fiscalización Sanitaria y comparte con los municipios la autorización de los edificios donde funcionan.
El texto de la norma determina que los institutos deben estar dirigidos por médicos y los responsables tienen como obligación “proporcionar la atención de los residentes y mantener el correcto estado de funcionamiento de las instalaciones, conservación del edificio y equipamiento”. También garantizar que las instalaciones tengan “las características de un hogar confortable, limpio y agradable“.
Sin embargo un relevamiento realizado por el sindicato de trabajadores de Sanidad, advirtió que existe “al menos un 40%” de residencias que no están registradas. Evaluaron que en Buenos Aires funcionan por lo menos 1.800 lugares que alojan a adultos mayores bajo modalidades diferentes. En ese sector de informalidad las condiciones de los pacientes y la situación de los trabajadores resultante precaria.
Cuando entró en vigencia la ley, en 2013, ATSA La Plata (que tiene jurisdicción en más de 40 distritos bonaerenses, incluida la capital provincial) promovió ordenanzas para crear comités conformados por representantes de municipios, del ministerio y de PAMI, para regularizar el funcionamiento y “blanquear” los geriátricos, asilos y otros centros que tratan a los mayores de 65 años. “El gremio capacitó a sus delegados para que puedan intervenir en las inspecciones“, aseguró el secretario de ATSA la Plata, Pedro Borgini. La capacidad del Estado para supervisar esas entidades es limitada.
En el ministerio de salud indicaron a Clarín que las inspecciones se realizan en consultorios de musicoterapia, geriátricos, hospitales, clínicas, entre otras instituciones sanitarias. Entre el 2008 y el 2020, las autoridades pidieron a la Justicia la clausura de 15 establecimientos por denuncias de los municipios por incumplimiento de las normas. “Las causas siguen sin resolución. La última presentación se hizo el 17 de enero en un geriátrico de San Isidro”, información en la cartera sanitaria. Fue porque hubo irregularidades y los dueños no aceptaron el desalojo de los pacientes.
La dirección provincial de Fiscalización Sanitaria, realiza inspecciones “semanales” a partir de las denuncias telefónicas (al 0221-4292840) o por correo electrónico (dprfiscalización@gmail.com). En la última semana resolvió 30 consultas sobre asesoramiento por protocolo Covid- 19 para municipios, responsables de las residencias y personal de salud específicos.
El protocolo provincial para el área de geriátricos determinó la suspensión de las visitas de familiares, licencias para personal con síntomas, refuerzos de vacunación contra la gripe, control de temperatura dos veces por día, a mayores con tos o dificultad para respirar y limpieza especial de todo producto que ingresen los familiares a los edificios. El instructivo también sugiere entregar las comidas en las habitaciones, disminuir el contacto de personal con internados y “dentro de lo posible” clausurar las zonas comunes.
La Plata. Corresponsalía.
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