La Legislatura porteña intentará la semana próxima convertir en ley la iniciativa enviada por el Ejecutivo que busca declarar la emergencia pública en materia económica y financiera
en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto que ingresó formalmente a la Legislatura el miércoles por la tarde, sostiene en sus considerandos que el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto para contener los efectos sanitarios del coronavirus se tradujo en “el cierre o suspensión de innumerables actividades comerciales y productivas” y en el aumento de la “vulnerabilidad social” de vastos sectores de la población.
Según diversas fuentes legislativas consultadas por Télam, el proyecto pasará por una reunión informativa en la Comisión de Presupuesto el lunes de la que participarán funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Con posterioridad se definirá cuándo se realiza la sesión, con qué modalidad, y el temario a tratar, es decir, si se agregan otros expedientes.
En principio, fuentes parlamentarias dijeron que la convocatoria podría realizarse el “miércoles o jueves” aunque esto puede diferir si se trabaja en alguna modificación al proyecto para conseguir la adhesión de bloques opositores.
Sobre la modalidad, el vicepresidente primero del cuerpo, Agustín Forchieri (Vamos Juntos) dijo a Télam que la sesión será presencial “tomando todos los recaudos necesarios” y, además, “se van a usar herramientas para que participen los legisladores que por algún motivo son personas de riesgo”.
Claudio Romero, presidente de la Comisión de Presupuesto, comentó que se trata de una Ley para afrontar una “crisis sin precedentes” y estimó que no es comparable con otras situaciones difíciles como las vividas en el 2009 o en el 2001.
“Lo más destacable es que se le permite al Ejecutivo desplazar partidas para que vayan a reforzar las áreas de emergencia y poder ir más allá del 5 por ciento que establece la ley de presupuesto”, destacó el diputado oficialista en declaraciones a Télam.
Los considerandos del proyecto señalan que las medidas de distanciamiento están acompañadas por una “mayor contracción de la actividad económica” y que ello “ha originado una caída excepcional” de la recaudación, en especial en lo que respecta a Ingresos brutos, impuesto central en el esquema tributario porteño.
Entre otras medidas, se propone revisar la totalidad de los procesos de compras y contratación de bienes y servicios; la prohibición del incremento de cargos; la no instrumentación de nuevos “premios” o “beneficios” salariales en dinero; el pago escalonado de haberes; entre otras.
