La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, insistió hoy en la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia se expida para dar validez a
sesiones remotas en el Congreso, y se preguntó quién sería responsable en el caso del eventual fallecimiento de un legislador por concurrir a una sesión presencial.
“Supongamos que la Corte no hace lugar al pedido y por algún motivo se decide que (los legisladores) vengan y se muere un senador por coronavirus. ¿Quién es el culpable?, se preguntó Peñafort al hablar por radio La Red.
La letrada, quien representa en esta presentación judicial a la titular de la Cámara Alta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que “hay una responsabilidad por las vidas, y si no se considera constitucional que se sesione virtualmente, la primera consecuencia es que pone en riesgo a la gente”.
Mientras se aguarda una definición de la Corte Suprema y ante una eventual negativa, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, evalúa avanzar en una propuesta para modificar el reglamento de manera virtual pero no desestima de plano una sesión en forma presencial.
En sus declaraciones de hoy, Peñafort aclaró, al hacer un encuadre jurídico de la presentación que efectuaron ante el máximo tribunal, que no se trata de un autorización, sino de zanjar una “incertidumbre jurídica” y agregó: “El planteo es: tenemos que sesionar y la pregunta es si es constitucional que lo hagamos virtualmente”.
La abogada consideró que la Corte Suprema “tiene que responder” ya que se trata de “una situación excepcional, en la cual necesitamos que las normas que se dicten durante la emergencia tengan plena validez”.
Peñafort precisó que en el caso de Diputados, el reglamento para pode sesionar fuera del recinto habla de razones de fuerza mayor, mientras que en el caso del Senado los motivos tienen que ver con una situación de “gravedad institucional”.
“En el caso de Diputados, la fuerza mayor se puede demostrar, porque un legislador puede acreditar que no puede viajar; pero la gravedad institucional, el requisito que pone el Senado, es un concepto jurídico, y por eso pedimos que lo resuelva la Corte”, finalizó.
Esta semana, el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que “no es competencia originaria” de la Corte tratar “la validez legal” de sesiones del Senado por videoconferencia.
Si bien no es vinculante, la opinión del Procurador implica un enfoque jurídico que la Corte puede adoptar o no en su decisión final, que se espera para las próximas horas.
