Los diputados opositores de la Coalición Cívica reclamaron hoy que aquellos delitos de corrupción que tengan que ver con la pandemia del coronavirus tengan penas más duras.
Así lo
manifestaron en un proyecto presentado este jueves en el Congreso, en el que piden agravar las condenas de aquellos delitos contra la administración pública que se produzcan en el marco de “excepción” que ha instalado la emergencia sanitaria en los procesos de compra y contratación de bienes y servicios con fondos públicos.
“Cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal se cometiera en perjuicio de la administración pública y aprovechando las facilidades de un desastre, conmoción, o emergencia pública, la escala penal correspondiente al delito del que se trate, se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda”, afirma la iniciativa.
El proyecto apunta directamente a las denuncias de sobreprecios que hubo en las compras directa de alimentos del ministerio de Desarrollo Social en medio de la pandemia. En aquella oportunidad se gastaron $ 574 millones en aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas por valores superiores a los que figuran en precios cuidados.
También responde las acusaciones contra la administración de la Ciudad de Buenos Aires en la compra de insumos y contratación de servicios vinculados al coronavirus. Hace referencia textual a “los casos de la sospechada compra de barbijos y la contratación de hoteles para alojar personas en el marco de la pandemia, por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En ambos casos hubo despidos y renuncias de funcionarios implicados, y se abrieron investigaciones.
“Es intolerable que nos roben, pero es aún peor en medio de una pandemia. Por eso proponemos elevar la escala penal de estos delitos”, señalaron los diputados de la CC ARI.
Los legisladores de Carrió agregaron que “el país tiene que mejorar los procesos de licitaciones y compras y no volver atrás con los avances que se lograron durante la gestión anterior”.
“Hay que combatir la corrupción enquistada en muchos lugares de las compras públicas hace años”, explicaron y señalaron que la modificación del Código Penal que proponen brinda “una herramienta que va ayudar a los Ejecutivos en la transparencia e integridad de las compras”.
En el texto del proyecto, se afirma que la administración pública está en una “una situación de indefensión” que es aprovechada para “cometer delitos en perjuicio de la misma merece un mayor reproche penal”.
PJB
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