La curva que no se achata: tras el aval judicial, los pedidos de prisión domiciliaria se multiplicaron por cinco

Desde la última semana de marzo entraron 621 pedidos a la Cámara de Casación. Es el triple de lo que suele ocurrir en una feria judicial. Pero dentro de esa misma curva, hubo un salto particular: desde que el Máximo Tribunal Penal del país pidió que se resolviera con celeridad este tipo de pedidos, se pasó de un promedio de 6 por día a 30. Se multiplicaron por cinco, según las estadísticas a las que accedió Clarín, actualizadas hasta el último viernes.

El fenómeno comenzó a acelerarse después de conocerse la lista de presos de riesgo y luego del arresto domiciliario concedido a Amado Boudou y tocó su pico tras la decisión de la Justicia de morigerar las detenciones.

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Así, la primera semana de la feria (del 23 al 29 de marzo), arrancó con 39 pedidos de excarcelaciones o, en su defecto, para que los jueces concedan una morigeración, es decir un arresto domiciliario. Estos reclamos llegan ante la Cámara de Casación tras un rechazo por parte de los Tribunales que tienen presos a disposición, o recursos que no prosperaron ante la Cámara de Apelaciones, responsable de revisar las decisiones de los jueces de instrucción. Y si bien representan una estadística parcial, sirven para mostrar el crecimiento exponencial del reclamo.

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De la mano del avance de la feria extraordinaria judicial, dos hechos fueron trascendentes en el incremento de los reclamos ante el Máximo Tribunal Penal. Para la semana del 6 al 12 de abril ya habían ingresado 91 planteos más, y después de la prisión domiciliaria concedida a Amado Boudou el 9 de abril, se pasó a 223 recursos solicitando el mismo beneficio. En la Cámara de Casación, algunos jueces lo llamaron el “efecto Boudou”, porque si bien no aducían a esa resolución porque no era vinculante, fue “un efecto dominó”, señaló el integrante de una de las Sala de la Cámara.

Para esa segunda semana del mes, el Máximo Tribunal Penal firmó una acordada en la que recomienda a los jueces federales “que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder“.

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En particular se aludió a detenidos con prisión preventiva por “delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo”, siempre con “mecanismos de control y monitoreo”. La acordada sostiene, por otro lado, que la medida será revisada cuando concluya la emergencia sanitaria que rige por el Covid-19. “Una vez superada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, los casos deberán ser sometidos a un nuevo re-examen”, plantearon.

La consecuencia fue inmediata y se dio el salto de un promedio diario de unos 6 pedidos al actual de 30. Este número, insisten en la Justicia, es muy superior en relación a cualquier feria judicial ordinaria, donde sólo se atienden temas vinculados a excarcelaciones, situaciones de riesgo y habeas corpus como prioridad. Los jueces, en un cálculo inicial, sostienen que se triplicaron en este marco de emergencia sanitaria.

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Como telón de fondo, todos estos recursos tiene la situación del Sistema Penitenciario Federal (SPF). Allí hay alojados 14.007 internos en 32 unidades carcelarias. Fue el SPF, que depende del Ministerio de Justicia, quien confeccionó un informe detallando que tiene 1.280 presos en situación de riesgo en el marco del Covid19 por sus enfermedades preexistentes y la edad que poseen.

De ese universo considerado de riesgo, ya lograron un arresto domiciliario  unos 200 internos, según fuentes oficiales. Que se suman a otros más, muchos más, que lo consiguieron en el ámbito carcelario y judicial de la provincia de Buenos Aires.