Precios máximos: el Gobierno les pide a los autoservicios facturas de proveedores para probar que hay aumentos

vienen manifestando que sus proveedores les pasan importes más elevados que los anteriores a la pandemia, y que les resulta complicado mantener los valores de venta al público. Español los escuchó, pero les ratificó que el congelamiento – los productos deben despacharse al mismo valor que el 6 de marzo- sigue en pie.

“Pudimos demostrarle que hay movimientos en las listas de precios por parte de algunos de los proveedores, de algunas industrias. No queremos intervenir en la discusión de si tienen argumento o no las modificaciones (por parte de los proveedores)”, dijo Víctor Palpacelli, representante de los súper del interior. El Gobierno dice que las cadenas entregaron un listado de empresas que estarían aplicando aumentos, pero que no dejaron documentación probatoria, es decir que facturas donde se verifiquen las subas.

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Hay una zona gris. Los supermercados hablan también de quita de bonificaciones (descuentos) y cambios en las condiciones de pago, situaciones que -según dicen- los perjudica. Pero el Gobierno no posee elementos legales para meterse allí, ya que es un tema entre privados.

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“El Gobierno es el que tiene que hacer el análisis objetivo de esto y seguramente hay sectores que tienen argumentos fundados para mover una lista y otros que no”, repasa Palpacelli. Las grandes cadenas de supermercados -que no participaron de la reunión de hoy- cuentan, en privado, que los fabricantes de artículos de limpieza están avanzando con las remarcaciones a los comercios de cercanía o más chicos.

En el Poder Ejecutivo entienden que hay cuotificaciones en las entregas de “aceites, harinas, azúcar y lácteos”. Es decir que los proveedores de esas categorías entregan menos de lo habitual a los comercios de proximidad, autoservicios u almacenes de barrios. Para ellos, la sugerencia del Gobierno es que vendan lo que tienen y no convaliden aumentos de los fabricantes.

“Si les llegan aumentos, por favor acerquen las facturas, la documentación”, expresaron las funcionarias. Además de Español, participó Laura Goldberg, subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los consumidores. Los supermercados no quieren llevar facturas por temor a represalias de sus proveedores. “No tengan temor a las represalias de los proveedores”, les dijeron. El Gobierno dice contar con herramientas para cotejar los volúmenes de producción con los de facturación. De esa forma, podría determinar si hubo aumentos.

“Nosotros dependemos de los proveedores. Le pedimos al Gobierno que intervengan, que moderen esto, que no se traslade a aumento de precio o desabastecimiento, porque eso nos preocupa. Han tomado nota de todo lo planteado. Veremos que respuesta hay por parte de los proveedores y el sector industrial en general”, recalcó Palpacelli.

En el Gobierno entienden que pueden actuar si aparecen precios más caros de los proveedores, hasta recurriendo a la ley de Abastecimiento. Pero las bonificaciones o las formas de pago son casi imposibles para intervenir, porque suelen ser por montos o acuerdos particulares y allí es poco lo que el Estado puede hacer.