En medio de la polémica desatada por la libertad otorgada a detenidos para evitar el contagio de coronavirus en unidades carcelarias, el secretario de Justicia de Santa Fe planteó
que la decisión del Gobierno de esa provincia es avanzar en extremar las medidas de seguridad sanitaria dentro de las cárceles sin que estén en juego “ni la libertad ni la morigeración de la penas”.
“El riesgo que ocasiona esta pandemia es potencial para todos los ciudadanos: los que están privados de su libertad y quienes no lo están. El Poder Ejecutivo solamente tiene facultades conmutativas de penas, como el indulto, que no están en la mira ni se ha pensado en instruir”, aclaró Gabriel Somaglia, secretario de Justicia santafesino.
El funcionario puntualizó que, en el caso de Santa Fe, los jueces sólo aprobaron hasta el momento un 10 por ciento de las solicitudes de detenidos y que, en todos los casos, lo hicieron apuntando a población vulnerable, con afecciones severas de salud, edad avanzada, embarazadas o madres de pequeños menores a cinco años y, en todos los casos, próximos a cumplir la condena. “Siempre que los delitos no sean el homicidio agravado o que sean ofensores sexuales”, puntualizó el funcionario en diálogo con Radio Dos.
De acuerdo a un relevamiento en las unidades penales de la provincia, unos 230 reclusos, de un total de 6.650, forman parte de la denominada población de riesgo.
En muchos casos, los jueces provinciales rechazaron pedidos de detención domiciliaria tras evaluar las condiciones en que vive el entorno del recluso, lo que en caso de disponerse la libertad podría significar un riesgo sanitario.
“Mucho de ellos viven en sectores económicos vulnerables donde quizás el riesgo sea más grave trasladarlo que quedarse en el penal. Debería convivir un número excesivo de personas cuyo riesgo es análogo al que tienen en la cárcel. Conspiraría contra el propio objeto de la solicitud”, opinó Somaglia.
En la provincia, y a partir del avance de la pandemia, ocurrieron distintos motines, en especial en las cárceles de Las Flores y Coronda, junto a la de Piñero las tres en las que existe sobrepoblación.
El 23 de marzo pasaron se registraron los incidentes más violentos, que tuvieron como saldo la muerte de cinco reclusos. Los detenidos realizan actualmente una huelga de hambre y evitan participar de los talleres de trabajo para reclamar mayores medidas de cuidado sanitario.
En las cárceles santafesinas se dispusieron espacios para ubicar 300 plazas que permitirían aislar a posibles contagiados de coronavirus. Se utilizó para ello lugares destinados habitualmente a dictar clases, a tareas laborales o donde se levantan las capillas. Esos sitios se adaptaron para colocar camas.
Además, se dispuso contratar una treintena de médicos y enfermeros para que trabajen, de ser necesario, en esos espacios. Por el momento no se registró ningún caso de contagio dentro de las cárceles de Santa Fe.
Por otra parte, se habilitó una unidad carcelaria en la localidad de Recreo que posee espacio para cuarenta detenidos. Allí se retendrá transitoriamente, durante diez o quince días, a quienes hayan cometido un delito y tengan que ser ingresados al sistema penal. Se evaluará si no están contagiados con Covid-19 para evitar trasladar el virus a los penales.
Funcionario del gobierno peronista que encabeza Omar Perotti, Somaglia aceptó las diferencias que dirigentes de su partido tienen sobre el tema y que se expusieron en los últimos días.
“Hay dirigentes del Partido Justicialista que tienen diversas visiones acerca de los mismos hechos. Algunos tienen una visión más flexible, y hay otros que entendemos que el marco debe ser de un análisis racional, de equidad, sin escapar a lo que es el sentido común y a lo que afecta esta pandemia. Acá, y es una opinión personal, la decisión es auditar las medidas de tutela de la salud. Lo que no debe estar en juego es la libertad ni la morigeración de la pena”, aseguró.
En esa línea, insistió en que el principal objetivo, dentro de las cárceles y en este momento de la pandemia, es trabajar para avanzar con las medidas de cuidado sanitario, pero pensando no sólo en los detenidos, sino también en el personal penitenciario.
“No me gusta que sólo nos detengamos en la situación del detenido, sino también en aquellos celadores de la custodia de ellos que también arriesgan su vida en esa actividad”, concluyó.
EMJ
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