El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, rechazó que se otorgue arresto domiciliario a presos que hayan cometido delitos contra las personas o de lesa humanidad.
Alak reiteró que no existe “un plan del gobierno nacional o provincial de liberar masivamente presos”, por más que afecte la pandemia de coronavirus.
“Es absolutamente falso que haya un plan del gobierno nacional o provincial de liberar mavisamente presos, me parece importante llevar tranquilidad a la gente a la que se la atemorizó con un supuesto plan de dar libertad que no existe. No se nos ocurriría dar liberaciones masivas por más que exista la pandemia”, dijo Alak en declarciones a A24.
“No estamos de acuerdo con que se libere a personas que cometieron delitos de lesa humanidad ni que se liberen a presos que cometieron delitos contra las personas”, agregó.
Explicó que la posibilidad de otorgar arresto domiciliario en el marco de esta pandemia se resolvió “para evitar que la cárcel se transforme en una usina de coronavirus” pero con consignas claras.
Alak recordó que la resolución preveía que los jueces otorguen el arresto domiciliario a los presos que integren grupos de riesgo y hayan cometido “delitos leves” contra la propiedad o por tenencia de estupefacientes.
Agregó que el sistema constitucional argentino fija que es “competencia del Poder Judicial el establecer penas” y dejó claro que “eso ha sido respetado”.
“La cárcel no se puede parar, como con las escuelas”, admitió Alak, que agregó que “a diario unos 25 mil penitenciarios van a cumplir con su tarea a los penales”.
El Tribunal de Casación bonaerense hizo lugar a un habeas corpus masivo presentado por los 19 defensores oficiales bonaerenses que invocaron la situación de hacinamiento y de inhabitabilidad de comisarías y penales para los detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupo de riesgo y recomendó a los jueces que analicen la situación de cada preso y otorguen prisiones domiciliarias o morigeraciones de sus detenciones
Al respecto, Alak dijo que “la Suprema Corte de Justicia bonaerense y Casación bonaerense han visto la posibilidad de externar a algunos internos con prisión domiciliaria, que no es otorgar libertades” y recordó que “la resolución preveía que los jueces otorguen el arresto domiciliario a los presos que integren grupos de riesgo y hayan cometido delitos leves contra la propiedad o por tenencia de estupefacientes.
“Los 19 defensores públicos presentaron ese pedido y a la Defensoría Pública la conduce una persona que designó Vidal”, dijo en referencia al Procurador General bonaerense Julio Conte Grand.
Dejó claro que de él “dependen fiscales y defensores oficiales “y recordó que fue “designado por (la ex gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal”.
“La oposición debería reparar en este detalle”, agregó tras reiterar que “la designación (de Conte Grand) la formuló Cambiemos” y recordar que el gobernador Axel Kicillof no hizo cambios ni el la Corte bonaerense ni en la Procuración.
