La Corte Suprema de Justicia bonaerense admitirá el recurso contra las resoluciones de la Casación Penal que habilitaron excarcelaciones, planteado este lunes por el fiscal ante ese tribunal, Carlos Altuve.
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Luego, el pronunciamiento respecto a la cuestión de fondo ocurrirá antes de diez días. Según anticiparon fuentes judiciales, tendrá un carácter “ordenador”, de características técnicas, amplias, contextualizadoras, evitando en lo posible el fárrago, y sin la tentación condenatoria que le corresponde a otros estrados.
El presidente de la Corte, Daniel Soria, y los jueces Eduardo De Lázzari, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres no desentonan en los fallos. Tampoco pelean bajo la luz pública.
Es una constante por décadas. Desde 1983, el Alto Tribunal provincial es casi un mosaico de granito. Sin mayorías automáticas y con cierta horizontalidad en las decisiones. La admisibilidad del planteo, entonces, se sostiene en evidencias, argumentan esas mismas voces. Tanto como el peso social de los caceroleos por determinadas liberaciones, entre ellos violadores y homicidas. Los ministros de la Corte suelen husmear detrás de esas manifestaciones.
Este martes, la secretaría de Asuntos Penales de la Corte elevará el primer informe a los ministros para la consideración. Si resulta admisible el recurso planteado por el fiscal de Casación, Carlos Altuve, habrá otro segundo escrito con más antecedentes de la resolución del Tribunal de la Casación que abrió la posibilidad de arrestos domiciliarios y morigeración de penas para delitos leves, no violentos. Aquella medida también incluye a presos en situación de riesgo, mayores de 65 años, embarazadas y con hijos pequeños.
Todo en el marco de la pandemia COVID -19, que aceleró la presentación de un habeas corpus colectivo de los 18 Defensores Oficiales de la Provincia. Como el vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, resolvió hacer lugar al pedido, la situación precipitó algunas medidas de los correspondientes jueces de numerosas causas.
Entonces aparecieron las liberaciones cuestionadas. Ya hay por lo menos tres jueces bonaerenses apuntados para un posible jury ,por firmar arrestos domiciliarios de personas en cursos procesales de delitos graves. Y sin comprobación cierta de situación de riesgo.
La Suprema Corte tratará, en primera instancia, la comprobación de “inaplicabilidad de la Ley”, atribuible a los fallos de Casación.
Del informe de la secretaría Penal surgirá que, desde el 8 de abril -cuando Violini habilitó el habeas corpus colectivo de los Defensores- se registraron 599 morigeraciones en las condiciones de prisión. En ese listado están aquellos presos que cumplieron su condena, o que tienen otros regímenes como la libertad condicional o asistida. En total, son 2.200 los reclusos que dejaron los penales bonaerenses. De ellos, la Procuración General de la Suprema Corte evalúa 148 casos de morigeraciones. Consideran que no tenían mérito para la excarcelación.
Del listado que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) remitió a Violini, con los presos anotados por los Defensores Oficiales para ser beneficiados por las excarcelaciones, sólo 150 tuvieron andamiento en las respectivas causas. Palabras del mismo Violini, quien insiste en ponerse a cubierto porque “la decisión siempre es de los jueces naturales”.
Es el mismo argumento del presidente de la Casación, Ricardo Borinsky, quien en definitiva rechazó el primer recurso de Altuve y firmó otra resolución para el cumplimiento efectivo de lo avalado en el habeas corpus colectivo.
Con un aditamento: en el caso de los delitos graves, la ponderación queda en exclusividad de los jueces, sin marco conceptual alguno. Es decir, otra vez el caldero debajo de los tribunales inferiores.
Pues bién, la Corte no tiene injerencia para meterse en aspectos procesales.
¿Entonces, cuál es el Fondo de la Cuestión que deberá arbitrar?
Una vez resuelta la admisibilidad, dará vista a la Procuración General. Se sabe, el procurador Conte Grand está en contra de los resuelto por Casación. La Corte tomará nota. Pero el dictamen del procurador no es vinculante.
El ojo de los ministros estará en develar si Casación “desconoció” la potestad de los jueces naturales de las causas con la resolución que habilitó las excarcelaciones. También si Violini- Borinsky obviaron establecer qué categoría de delitos, sus penas, o sus condiciones procesales revisten carácter de “leves”.
El fiscal Altuve sospecha que la lista de presos en condiciones de acceder a los beneficios del habeas corpus colectivo pueden estar amañados. Es con esas nóminas pormenorizadas redactadas por el Servicio Penitenciario (SPB) que los jueces resuelven. Pero hay fiscales que deberían controlar. En apariencia, no hubo previsión de aviso a los fiscales en el momento de las liberaciones.
Dice Altuve, con criterio, que las víctimas debieron ser informadas en cada caso de liberación. En el sistema judicial nacional está contemplado. En la Provincia, desde algunos espacios partidarios de la Legislatura apoyan con vehemencia al fiscal de Casación en el derecho de las víctimas. Propios y extraños (oficialistas y opositores) no reparan que en julio 2017, cuando se incorporó esa potestad en Nación, diputados y senadores bonaerenses deberían haber sancionado una Ley de Adhesión. No ocurrió, y ahora ese planteo está en un límite abstracto. Aunque una legislación nacional siempre arrastra el comportamiento general.
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