El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, enviará a la Legislatura bonaerense un paquete de leyes tendientes a brindar ayuda a los municipios y
otras de índole social en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus, informaron hoy fuentes del Poder Ejecutivo.
Voceros de la administración bonaerense precisaron a Télam que se trata de un conjunto de ocho iniciativas que el Ejecutivo irá enviando al Parlamento bonaerense para que sean tratadas cuando se reanude la actividad.
En ese sentido, voceros del Senado y de Diputados detallaron a esta agencia que las autoridades de la Legislatura bonaerense ultiman detalles técnicos y tecnológicos para sesionar por primera vez en los próximos días de manera “mixta”.
Entre las propuestas de Kicillof se destaca la ratificación de los decretos que declararon las distintas emergencias y la delegación de competencias para prorrogarlos mientras dure la pandemia.
También, un proyecto que busca extender a 18 meses el plazo de devolución de los préstamos otorgados a municipios por el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, permitiendo que superen el ejercicio fiscal y otro que pretende eximir por lo que resta del año a los distritos de de usar el Fondo Educativo en un 40 o 50% -según el municipio- para obras de infraestructura.
De igual modo, el mandatario busca suspender algunos artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, “que obstaculizan el otorgamiento de beneficios a municipios que no adhirieron o que no cumplen con las exigencias de esa norma”.
A la vez, se propiciará desde el Gobierno “reducir de un mes a 15 días el plazo mínimo para pagar los certificados de obras de infraestructura de salud por Covid-19 con el objetivo de agilizarlas” y que se sancione una propuesta vinculada a nimpulsar la regularización de los geriátricos y el control de estándares mínimos durante la pandemia.
Kicillof también presentará una iniciativa que tendrá como fin la adecuación normativa “para la mejor aplicación en la provincia del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) nacional sobre suspensión de desalojos por un año”.
Desde el Ejecutivo detallaron que el proyecto se referirá “a la aplicación en el ámbito provincial de las ejecuciones y lanzamientos por deudas de alquileres dispuesta por los DNU 319 y 320”.
A los contenidos de esos decretos -que establecen la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento hasta el 30 de septiembre del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios- el gobierno añadirá una disposición sobre la labor de mediación y la creación de un consejo asesor “para que tome intervención en casos de varias familias que vivan en barrios populares”.
De acuerdo a la información brindada por referentes de la Cámara alta, en los próximos días se desarrollará una sesión en la que se modificará primero el reglamentos del Senado para habilitar el sistema de votaciones remotas “cuando razones de fuerza mayor” impidan las reuniones de esos cuerpos de manera presencial.
La semana pasada, la Comisión de Legislación General del Senado emitió un dictamen que permite esa posibilidad en la que además se acordó que los legisladores que asistan a la sesión de manera remota “deberán acreditar su presencia a través de un sistema de validación por datos biométricos o mediante la validación nominal de las presencias al igual que en las votaciones”.
Además, aquellos legisladores que sesionen a través de videoconferencia “deberán firmar la asistencia a las sesiones virtuales y sus votaciones a través de la firma digital o mediante la manifestación a viva voz, nominal, del sentido de su voto”.
Las comisiones también podrán trabajar sin la necesidad de que los senadores se hagan presentes físicamente. Cuando esto suceda, las autoridades habilitarán los medios tecnológicos necesarios para operar de manera remota la convocatoria, el orden del día y la firma del dictamen de comisión.
