Horacio Rodríguez Larreta descartó pagar los sueldos en cuotas para que le aprueben la Emergencia Económica

quitar la atribución para el pago escalonado de sueldos, el punto más controvertido. También incorporar la creación de una Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de las medidas y los gastos para afrontar la pandemia y la obligación de presentar un informe mensual sobre los procesos y la reasignación de partidas presupuestarias, exigencias de la Coalición Cívica y la UCR.

La decisión la tomó el jefe de Gobierno en una reunión de la mesa política de Juntos por el Cambio de la Ciudad, de la que también participaron Diego Santilli, Felipe Miguel -jefe de Gabinete-, Martín Lousteau y Emiliano Yacobiti por el radicalismo, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto por la Coalición Cívica y Agustín Forchieri, vicepresidente de la Legislatura, entre otros. Con vigencia hasta fin de año, el proyecto otorga al Poder Ejecutivo la facultad para reasignar partidas -por encima del límite actual del 5%- ante la fuerte caída de la recaudación para destinar recursos a afrontar la pandemia. También a suspender o postergar la ejecución de programas, con una limitación también agregada en las últimas horas: no podrá hacerlo en las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Humano.

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El artículo 19 que habilitaba el pago escalonado en la administración porteña había generado rechazo del Frente de Todos, la izquierda y referentes sindicales, como las dos CTA y gremios docentes. “El Ejecutivo lo puede hacer, no necesitamos ponerlo en una ley. Si no hay plata va a pasar, pero antes que en la Ciudad se va a dar en las provincias. Para nosotros el corazón del proyecto se mantiene y es la posibilidad de reasignar partidas para afrontar la pandemia y la crisis”, dijo a Clarín un integrante de la mesa.

Los funcionarios encargados de las negociaciones de ese modo se aseguraron el acompañamiento de los aliados y la ley se encamina a aprobarse este jueves en una sesión mixta, con algunos legisladores presentes y otros en forma virtual, como la semana pasada. El oficialismo reúne unos 37 votos -con 31 le alcanza para darle sanción-, aunque buscará mayor aval. “No creemos que el Frente de Todos vote a favor, aunque lo que pidieron está”, estimaron en la sede de Parque Patricios. Ese bloque había rechazado habilitar el tratamiento sobre tablas.

A su vez, el Gobierno porteño tendrá que remitir dentro de los 30 días corridos los programas modificados, los montos y las finalidades del gasto a la Legislatura. Y se creará una comisión de fiscalización integrada por diputados que podrá requerir información, formular observaciones, propuestas y recomendaciones, y solicitar informes especiales sobre actos o contratos a la Auditoría General de la Ciudad. También se incorporó que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad recibirá un 35% de las utilidades generadas por los juegos de azar.

Por intermedio del diputado Facundo del Gaiso y el auditor Juan José Calandri, Elisa Carrió había reclamado a sus socios del PRO ejercer un mayor control en el marco de la emergencia, luego de la compra de barbijos por $3.000 y una cuestionada contratación de hoteles para alojar a personas con síntomas de coronavirus, lo que generó los desplazamientos de los funcionarios Gonzalo Robredo y Nicolás Montovio.

La UCR porteña también había pedido una unidad especial para auditar las compras y las contrataciones durante la emergencia, con un proyecto presentado por las auditoras Mariela Coletta y Raquel Herrero.