Cuando Florencia Magalí Morales (39) apareció muerta en el comisaría de Santa Rosa de Conlara, en San Luis, las dudas se posaron sobre la Policía. Su hermana, Celeste, en medio de
la cuarentena por el coronavirus, llamaba desde Mendoza pidiendo información sobre ella y, mientras su cuerpo era trasladado a la morgue, a ella le decían que estaba declarando.
Para la Justicia se trata de una causa de “averiguación de causales de muerte” y el foco está puesto en las circunstancias previas, sobre todo si hubo excesos en la detención o un incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La familia quiere que no descarten ninguna hipótesis: tampoco la del homicidio. Por eso, ahora, pidieron una nueva autopsia del cuerpo de la mujer.
La pesadilla para la familia Morales empezó el 5 de abril, en pleno aislamiento, social, preventivo y obligatorio para prevenir la propagación del COVID-19.
Magalí, como la llamaban, había salido a comprar. Dejó a sus hijos de 11 y 7 años cuidando a su nieta de 2. Pidió a una vecina que los vigilara y salió en su bicicleta. Pero nunca volvió.
Las versiones sobre la detención fueron cambiando. No está claro si la mujer, nacida en Mendoza, fue arrestada en el centro de Santa Rosa, un pueblo ubicado a 50 kilómetros de Merlo, pedaleando a contramano. O si fue ella quien se acercó a la comisaría, a pocos metros de su casa.
Lo cierto es que terminó demorada porque estaba circulando sin permiso. En San Luis, las autorizaciones para salir dependen de la terminación del DNI: un día para los pares, otro para los impares. Aquella mañana no era el turno de Magalí.
Florencia Magalí Morales tenía 39 años y fue encontrada ahorcada en la celda de la comisaría 25 de Conlara, San Luis, tras haber sido detenido por violar la cuarentena. (Facebook)
Lo que tendría que haber sido una notificación sobre la sanción judicial y el regreso a su casa terminó en una detención que duró todo el día y, después, en el hallazgo de su cuerpo.
Primero la llevaron al hospital para “tranquilizarla”. Ahí constataron que no tenía lesiones, que estaba consciente y estable, aunque “enojada” con los policías, según declaró la médica que la atendió.
Después de eso, lo único que se supo es que Magalí estaba en su celda, que era la única persona en el sector de calabozos y que luego apareció muerta.
La versión policial es que la mujer se quitó la vida con el cordón de un buzo que le llevó una vecina para abrigarse. Para su familia esa versión es “imposible”. Para la Justicia, podría haber falencias en la custodia, aunque no tendría dudas de que se trató de un suicidio.
Ahora, José Osvaldo Pinto, el juez a cargo de la instrucción, autorizó las audiencias virtuales, en medio de la cuarentena obligatoria. Allí, el perito que practicó la autopsia amplió el informe y respondió preguntas.
Luego resta que definan cómo declararán los testigos, entre los que hay policías que estaban a cargo de Morales, y otros detenidos. Al momento no hay ningún imputado ni acusado de ningún delito.
“El informe inicial sólo indicaba que Magalí había muerto por asfixia mecánica. Pero no se dejó constancia de las lesiones hasta más de una semana después. Tenía hematomas en las muñecas y escoriaciones en las rodillas, que podrían ser compatibles con heridas defensivas, que no se registraron antes de la detención, según declaró la médica que la revisó”, explicó Santiago Calderón Salomón, el abogado de la familia Morales a Clarín.
Magalí, que medía alrededor de 1,70 metro, se habría ahorcado atando un hilo de una bisagra de la puerta del calabozo. Cuando llegaron los peritos, ya habían bajado su cuerpo, que estaba en el suelo.
El abogado manifestó su preocupación porque “no se constató si tenía golpes en la cabeza ni lesiones compatibles con abuso sexual”. Ante esa situación, los representantes de la familia pidieron una reautopsia para buscar nuevos elementos que pudieran descartar otras hipótesis, como la del homicidio.
El juzgado hizo lugar al pedido y envió un oficio a la Municipalidad de Santa Rosa para informar que exhumarán el cuerpo, pero con una insólita condición: la familia (el particular damnificado) deberá que hacerse cargo de todos los gastos que implique el traslado del cuerpo desde el cementerio de Santa Rosa hasta la morgue de Villa Mercedes, la apertura del féretro y, la nueva sepultura, la vuelta al cementerio.
Si quieren hacer nuevas pericias que aporten pruebas al expedientes, los familiares tienen que pagarlas. Según calcularon, la cifra ronda los 100 mil pesos.
Ante la consulta de este diario, en el juzgado explicaron que “los elementos médicos, los profesionales y sus traslados, más los instrumentos que necesitan” los dispone el Poder Judicial, pero que se hizo lugar al pedido por decisión de los abogados que conforman la querella y no porque el resto de las partes tengan dudas sobre las pericias de autopsia.
Esa decisión provocó indignación entre los familiares, que rechazaron la medida aunque temen que eso demore la pericia: “Nosotros lo único que hacemos es sostener el pedido de la familia que es que se investigue qué pasó con Magalí y que no se descarte ninguna hipótesis”.
La mujer vivía en Las Heras, Mendoza y se mudó a San Luis, en el límite con Córdoba, para trabajar, en 2017.
EMJ
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