Unos cuarenta diputados del Frente de Todos, encabezados por Fernanda Vallejos, presentaron un proyecto de ley para impedir que se puedan suspender o cortar por falta de pago
los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable mientras dure la emergencia por el coronavirus.
La iniciativa declarada de “orden público” y diseñada por Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas de la Cámara baja, apunta a ampliar las garantías establecidas en los decretos del Poder Ejecutivo que obligan a las empresas a mantener un “servicio reducido” en los casos de deudas.
La presentación fue firmada por el titular del PJ, José Luis Gioja, el presidente del bloque Unidad Federal para el Desarrollo José Luis Ramón, y los diputados de Todos Marcelo Casaretto, Lucía Corpacci, Mirta Tundis, Ariel Rauschenberger, Victoria Rosso, Mara Brawer, Graciela Landriscini, María Graciela Parola, Gisela Marziotta, Carolina Gaillard, y Nicolás Rodríguez Saa, entre otros.
Este proyecto se completa con otro que presentó Vallejos para impedir aumentos en estos servicios de telefonía, internet y cable.
Ahora, formula otra propuesta para que las empresas prestatarias de los servicios de Telefonía fija y móvil,Internet y Televisión por Cable, por vínculo radioeléctrico y satelital se abstengan de disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios, motivados por morosidad o falta de pago de facturas con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020, y durante la vigencia del Estado de Emergencia.
Un punto clave del proyecto es el artículo 3, que fija que esta Ley será de “orden público”
También determina que las empresas prestadoras de esos servicios quedarán obligadas a garantizar l”a accesibilidad y la conectividad con calidad y velocidad adecuadas requeridas para un normal, pleno y satisfactorio funcionamiento, conforme a las condiciones contractuales originalmente pactadas entre las partes, en todo el territorio nacional.”
Vallejos señalo que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) “no tiene la potestad para regular a las empresas prestatarias, ya que estos servicios no entran en la categoría de públicos, por lo que el Poder Legislativo buscaría fortalecer la capacidad del Estado, en el marco de las arduas negociaciones con las empresas de telecomunicaciones (telcos)”.
“Ante los numerosos reclamos de los usuarios por problemas de facturación incorrecta, aumentos de tarifas, interrupción del servicio, deficiencias en la calidad del servicio o en la prestación o en el acceso, sumado a la significativa disminución de los ingresos que la mayor parte de la población está padeciendo en el marco de la pandemia, el Estado debe velar por la continuidad y universalidad de los servicios básicos, garantizando la accesibilidad y la conectividad con calidad y velocidad”, agregó al fundamentar la presentación del proyecto.
La diputada puso de relieve que en medio de la crisis sanitaria y la Pandemia de la Covid 19, es inadmisible privar a la población de la comunicación con sus familiares, afectos, médicos, obras sociales.”
