El tribunal que juzga a Cristina Kirchner pidió mejoras en el sistema para realizar las audiencias online

por el direccionamiento de la obra pública. Ante la sugerencia de que se reanuden las audiencias de forma virtual, el TOF consideró que el equipamiento tecnológico no es óptimo y que en todo caso, el Consejo de la Magistratura debería garantizar un mejor servicio y plataforma.

Ante el TOF 2 que juzga a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a defraudar al Estado al direccionar obra pública a favor de Lázaro Báez, sostiene la acusación, el fiscal Luciani solicitó que se retomen las audiencias en medio de la pandemia del Covid19.

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“Existen numerosas causas en las que, según un análisis preliminar, sería factible la reanudación del trámite”, señaló Luciani en su presentación, y remarcó que hay actos procesales necesarios “que no revisten complejidad y podrían llevarse a cabo remotamente, mediando consentimiento expreso de las restantes partes y empleando el medio tecnológico que corresponda”.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, solo se requiere la realización de una audiencia que, por sus características propias, “puede ser llevada a cabo de manera virtual con los medios tecnológicos con que ya se cuenta, de uso común por la sociedad (Skype, Zoom, Jitsi, entre otros), dejando debida constancia de la identificación del soporte y del archivo digital en el que se registre el acto”, sugirió.

En caso de acordarse algo dentro de dichos parámetros, se explicó que las medidas a adoptarse “deben ser notificadas con antelación al imputado y su defensor a los efectos de que presenten su consentimiento y manifiesten si cuentan con los medios tecnológicos necesarios para que la audiencia sea llevada a cabo de manera remota”.

Al respecto los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, firmaron una acordada que sostiene que al momento no se encuentran dadas las condiciones para reanudar el jucio oral. De realizarse en la Sala AMIA, la de mayores dimensiones en Comodoro Py, tan sólo respetando el distanciamiento social, estimaron que la cantidad de personas que deben concurrir, no podrán estar.

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Entendiendo que el circuito online sería otra opción, los magistrados señalaron que el sistema tampoco resistiría un juicio de tales dimensiones garantizando la correcta transmisión. Durante las feria extraordinaria dictada por la Corte Suprema de Justicia, a raíz de la pandemia del Covid19 y en el marco de la cuarentena ordenada por el Ejecutivo Nacional, los jueces estuvieron trabajando de forma remota, pero con dificultades en varias ocasiones. Este punto fue resaltado por los integrantes del TOF 2 al señalar que en relación a un juicio con 16 imputados, de no contarse con un buen soporte tecnológico, no sería adecuado reanudar las audiencias por dicha vía.

Así lo manifestaron los jueces, al sostener que al menos con las herramientas actualmente disponibles, “la multiplicidad de actores en la audiencia afecta directamente la fluidez con la que se desarrolla y se evidencia en la imposibilidad de alternar de una forma dinámica el uso de la palabra –aspecto esencial, al fin de cuentas, del contradictorio propio del debate”.

Se requirió en consecuencia, al Presidente del Consejo de la Magistratura que “informe acerca de la disponibilidad de herramientas tecnológicas a los fines de celebrar audiencias de juicio oral, de modo remoto, con la posibilidad de conexión de hasta 50 puntos de acceso con la fluidez necesaria para realizar un acto de esas características; las medidas de seguridad informática con las que cuenta y, además, si existe algún protocolo en tal sentido a partir del cual puedan interiorizarse debidamente la totalidad de las partes intervinientes”.

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Cristina Kirchner comenzó a ser juzgada el 21 de mayo de 2019 por presuntos hechos de corrupción. El TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, y Andrés Basso, inició las audiencias en las que se acusó a la ex Presidenta como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al haber direccionado obra pública vial a favor del Grupo Austral. En números, fueron 51 contratos por $ 46.000 millones, que según la imputación fueron adjudicados “bajo diversas irregularidades”.