En medio del coronavirus y cuando gran parte de la agenda del Gobierno pasa por el control de la pandemia, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a presionar con una de sus
máximas obsesiones, la reforma judicial. En las últimas 48 horas mandó a dos de sus máximos exponentes, el senador Oscar Parrilli y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, a instalar la idea de que este año podría avanzar en el Congreso el plan para cambiar radicalmente la Justicia. La avanzada de Cristina genera cortocircuitos en el Gobierno que en medio de la crisis sanitaria del Covid-19 había casi archivado el proyecto que debía ingresar al Congreso en marzo pasado.
La primera en instalar la posibilidad de que finalmente se trate este año fue Peñafort, quien también es abogada de la vicepresidenta. “El proyecto sigue en pie y se va a avanzar”, aseguró el miércoles en una entrevista radial. “En las próximas semanas tengo alguna expectativa y estoy convencida de que va a ser así”, siguió. “Muchos se ilusionan de que (por el coronavirus) pasó para el año que viene, pero yo no tengo esa sensación”, amplió y luego explicó que las comisiones en el Senado “van a funcionar” y es posible que se puede avanzar con la reforma.
El senador y ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli, también salió a instalar la posibilidad de que el plan para cambiar la Justicia se discuta este año. “Esto es lo que estamos esperando, que la pandemia ha demorado, pero no nos tiene que hacer olvidar que es necesaria una reforma judicial muy profunda en la República Argentina”, aseguró este jueves Parrilli quien no descartó que se debata este año.
El domingo pasado, la vicepresidenta había cuestionado las supuestas irregularidades de la Justicia durante el macrismo. En una serie de tuits contó que la jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal Ana María Figueroa había denunciado presiones del entonces funcionario Juan Bautista Mahiques -hoy fiscal federal porteño- en el marco de la causa del Pacto con Irán. Con esa maniobra busca anular el juicio oral en su contra por ese expediente.
Pero con esos tuits, que luego fueron desmentidos por Mahiques y por Figueroa quien dijo que no lo había nombrado, Cristina abrió la puerta para debatir una vez más el rol de la Justicia. En la misma línea, como publicó Clarín, un grupo de legisladores kirchneristas denunció en la Justicia a la “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri.
La ansiedad del kirchnerismo duro por tratar este año el proyecto de reforma judicial genera tensiones en el Gobierno. Aunque la letra chica de los cambios en la Justicia tienen el respaldo de Alberto Fernández, cerca del Presidente aseguran que ahora es imposible tratarlo. “No está en los planes inmediatos de nadie. Además, ni los senadores ni los diputados pudieron sesionar”, aseguró una fuente oficial a Clarín. “Todo lo que digan va por cuenta de ellos. Ni siquiera sabemos cuándo o cómo saldremos del coronavirus”, explican cerca del Presidente.
Consultados por Clarín, en el Ministerio de Justicia que conduce Marcela Losardo, prefirieron no contestar sobre la posibilidad de que avance este año. En ese ministerio también hay tensiones internas y la ex presidenta logró tener peso propio. Como vice ministro logró ubicar a Juan Martín Mena, ex número dos de la AFI y hombre de su confianza que en los últimos días cobró protagonismo por llevar adelante la negociación con los presos amotinados en el penal de Devoto.
La reforma judicial fue uno de los ejes centrales del nuevo Gobierno y una de las grandes preocupaciones de la ex presidenta que tiene varios procesos judiciales en contra. Antes del coronavirus, los planes oficiales apuntaban a que el proyecto ingresara al Congreso en marzo junto a otros como el de legalización del aborto. Pero la pandemia modificó todo.
La letra chica de la reforma apunta a diluir el poder de los jueces federales de Comodoro Py que son los que tienen a su cargo las causas sobre corrupción. Uno de los ejes apunta a la implementación del sistema acusatorio, que implica que la instrucción de los expedientes pasa a manos de los fiscales y de esta manera se le quita poder a los jueces. Ese mecanismo, por ahora, solo funciona plenamente en Salta.
Además, el proyecto unificaría fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que haya más jueces que investiguen casos federales, incluidos los de corrupción.
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