La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) publicó este lunes, en una inédita e histórica medida, los recursos que serán destinados a esa central de
inteligencia, una decisión que apunta a “transparentar” las atribuciones del organismo, según destacó su interventora Cristina Caamaño, en sintonía con uno de los objetivos destacados por el presidente Alberto Fernández, al asumir su cargo el 10 de diciembre pasado.
Caamaño explicó a Télam que por “primera vez en la historia” el organismo de inteligencia nacional publica su información presupuestaria, a través del portal del Ministerio de Economía (presupuestoabierto.gob.ar).
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto, los recursos anuales para la AFI son de 2697 millones de pesos, de los cuales 1500 millones estarán destinados a salarios y el gasto total realizado hasta ahora es de 955 millones, con lo cual se ejecutó un 35,88 por ciento de su presupuesto total.
En el DNU 457, el gobierno nacional publicó la ampliación del Presupuesto y uno de los anexos de esa norma contiene los gastos destinados a la AFI.
Señaló que, “de esa manera, las partidas que han quedado confidenciales son las mínimas indispensables para el funcionamiento de la inteligencia” y, en cambio, el resto se hicieron públicas “dentro del presupuesto nacional”.
“Se trata de transparentar lo más posible la Agencia Federal de Inteligencia, no solo en los gastos, sino también las actividades que llevamos adelante”, aseguró la funcionaria a esta agencia y aseguró que ahora el organismo “no persigue más a opositores políticos”, ni hace “operaciones para la justicia”.
El presidente Alberto Fernández había anticipado el 10 de diciembre en su discurso ante el Congreso su decisión de intervenir el organismo y encarar una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado por entender que ese organismo no debía funcionar como “uno de los sótanos de la democracia”.
Desde la restauración democrática en 1983, la actividad de la ex Side, primero, y de la AFI, después, estuvieron bajo la lupa y se sucedieron múltiples denuncias a lo largo de su historia sobre la tarea de los espías, en algunas investigaciones judiciales como el atentado terrorista a la AMIA y de persecución a dirigentes políticos.
El presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau (Frente de Todos), aseguró hoy a Télam que la decisión de la AFI de publicar sus gastos “contribuye a la transparencia y a sacar de la oscuridad lo que se constituyó en los últimos años en una especie de grupo de tareas”.
Para el diputado del Frente de Todos, ese organismo “se convirtió en los últimos años en una herramienta de persecución política y, en algunos casos, de extorsión económica”.
Moreau adelantó que, desde la bicameral, serán fiscalizados además “aquellos fondos que todavía se mantengan en reserva”, que son “mínimos” en relación a los que se asignaban anteriormente, pero que, “por razones de seguridad no pueden ser auditados, incluso aquellos que han quedado dentro del paraguas de la confidencialidad”.
En tanto, el ex titular de la AFI y senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, destacó a Télam la decisión del presidente Alberto Fernández y de la interventora Caamaño, por entender que continúan el sentido de las “reformas iniciadas con Cristina Fernández de Kirchner en el 2014, con la ley que (el ex presidente Mauricio) Macri derogó por decreto ni bien asumió.”
Parrilli, secretario de la bicameral señaló: “Hoy estamos viviendo en un país sin espionaje político, sin operaciones de los organismos de inteligencia y de la justicia para perseguir opositores y sin la extorsión de Macri y (del ex ministro Germán) Garavano hacia los jueces, como ocurría apenas seis meses atrás”.
“La pandemia no nos tiene que hacer olvidar la violación sistemática, planificada y organizada por el gobierno del macrismo a las instituciones más elementales de la República, como señaló el relator especial de ONU para la independencia del Poder Judicial, Diego García Sayán”, apuntó Parrilli, quien evaluó que hoy la justicia debe investigar “con absoluta libertad la denuncia que presentaron varios senadores y diputados sobre el funcionamiento de la conocida mesa judicial del macrismo, con la cual se extorsionaba a jueces y funcionarios judiciales para perseguir a dirigentes políticos opositores”.
