Los chicos ingresan a Estados Unidos cruzando el río a nado y se internan en los densos matorrales de Texas. Muchos son adolescentes que viajaron
solos desde América Central, otros son muchachos cuyos padres los sacaron de campamentos de refugiados en México. Había un niño de 10 años. Las leyes de Estados Unidos estipulan que estos menores deben ser alojados en instalaciones del gobierno y se les debe permitir vivir con parientes mientras se procesan sus casos. Pero el gobierno de Donald Trump los está expulsando al amparo de la declaración de emergencia hecha por el coronavirus. Solo en abril fueron expulsados 600 menores.
Las expulsiones se suman a las medidas que ha tomado el gobierno con el fin de evitar la llegada de niños migrantes, incluidos programas como la política de “tolerancia cero”, luego abandonada, que dio paso a la separación de miles de familias.
Organismos de la frontera dicen que tienen que restringir los pedidos de asilo y los cruces de la frontera durante la pandemia para prevenir contagios. Activistas que defienden a los migrantes, en cambio, afirman que ese es un pretexto para ignorar las protecciones que conceden las leyes a los menores de edad.
En entrevistas con The Associated Press, dos menores expulsados hace poco dijeron que los agentes les habían dicho que no se les permitiría pedir asilo. Los colocaron en celdas, les tomaron las huellas digitales y les hicieron un examen médico. A los cuatro días los subieron a un avión y los mandaron de vuelta a su país, Guatemala. La AP no da los apellidos de los menores para proteger su privacidad.
Brenda, de 16 años, se fue de Guatemala con la esperanza de llegar a Estados Unidos para trabajar y ayudar a su familia. Su padre trabaja en una granja, pero lo que gana no alcanza. “Apenas si comemos”, expresó.
Su familia consiguió prestados 13.000 dólares para pagarle a un coyote y meses después ella ingresó ilegalmente a Estados Unidos. Las autoridades la atraparon en abril en un escondite de Texas, según dijo.
“Pedí hablar con mi hermano que quería poner un abogado, quería pelear por mi caso”, expresó. “Pero me dijeron que no dejaban hablar con nadie, por más que peleara no dejaban quedarse a nadie. No logré hablar con ningún abogado”. La muchacha regresó a la casa de su familia y está en cuarentena.
Un chico de 17 años llamado Osvaldo dijo que los agentes no le dejaron llamar a su padre antes de expulsarlo. Lo retuvieron con otros menores en una habitación fría y le dieron una manta isotérmica y un par de guantes por cada uno de los cuatro días que estuvo retenido.
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Alguien le tomó la temperatura antes de ser deportado, pero no se le hizo la prueba del coronavirus hasta que llegó a Guatemala. No recibió tampoco documento alguno en relación con su status migratorio, solo el informe médico de su examen. “Pensé que me iban a ayudar o a pelear mi caso, pero no…”, dijo Osvaldo.
Un niño de 10 años y su madre, que la AP no identifica porque ella teme represalias por hablar en público, pasaron meses en un sucio campamento de Matamoros, México, del otro lado de Brownsville, Texas, esperando ser llamados por los tribunales de inmigración en el marco del programa “Espera en México”. Miles de familias aguardan del lado mexicano de la frontera ser llamadas para exponer sus casos, pero los tribunales no están funcionando por la pandemia.
Cuando fue rechazada en una primera instancia, decidió que su hijo estaría mejor con su hermano en Estados Unidos. Vio cómo cruzaba a nado el río Bravo (Grande en Estados Unidos) y llegaba a la otra orilla.
Esperaba que el niño recibiese el mismo trato que se les ha dado a los menores en el pasado y que la Patrulla Fronteriza lo llevase a instalaciones del Departamento de Servicios de Salud y Humanos (conocido por sus siglas en inglés, HHS), para luego colocarlo con un patrocinador, generalmente un pariente. Pero la madre no tuvo noticias suyas por seis días, hasta que un familiar recibió una llamada de un albergue para migrantes del gobierno de San Pedro Sula, en Honduras. “Lo habían tirado en Honduras”, afirmó. “Nosotros no sabíamos nada”.
“El niño está viviendo con una tía en la capital hondureña, Tegucigalpa. Otro familiar aceptó llevarlo al pueblo de la familia, en el campo, si ella regresa y se hace cargo de él. Pero ella teme que su antigua pareja abuse de ellos, como dice que hizo en el pasado. “No quería ni comer, se la pasaba llorando”, dijo la mujer. “No sé. Nunca imaginé que lo iban a mandar para allá”. Su caso fue publicitado por primera vez por CBS News.
Amy Cohen, una psiquiatra que trabaja con la familia y dirige un grupo de activistas llamado Every Last One, critió el trato que el gobierno dio al niño y a otros menores. “Este chico ha sufrido múltiples traumas, incluida la experiencia de ser colocado en un avión, solo, y llevado a un país donde nadie sabía que iba”, comentó.
Bajo una ley del 2008 contra el tráfico de personas y el llamado Acuerdo de Flores, los menores de otros países que no sean México o Canadádeben tener acceso a asesoría legal y no pueden ser deportados de inmediato. También deben ser entregados a una familia de Estados Unidos o en su defecto deben ser retenidos en condiciones lo menos restrictivas posibles. Las reglas buscan evitar que los menores sean maltratados o caigan en las manos de delincuentes.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) empezó a expulsar a los menores a fines de marzo, usando la emergencia como excusa para ignorar un precedente conocido como el Acuerdo de Flores. El Servicio dijo que el mes pasado procesó 166 menores “no acompañados” –categoría por la cual deben ser alojados en instalaciones del HHS y se les debe permitir permanecer en Estados Unidos al menos temporalmente– y que otros 600 fueron procesados como “menores solos” y expulsados.
Pero el HHS dice que recibió solo 58 menores no acompañados en abril. Voceros de ambas dependencias no pudieron resolver la discrepancia de inmediato.
Estados Unidos registró 16.800 cruces ilegales de la frontera con México en abril, un 50% menos que en marzo y un 88% menos que hace un año. El comisionado del CBP Mark Morgan dijo la semana pasada que Estados Unidos puede seguir expulsando migrantes incluso si los estados suavizan las restricciones por el coronavirus.
El virus se está esparciendo por los centros de detención de migrantes. El gobierno deportó a al menos 100 personas con el COVID-19 a Guatemala, incluidos menores. El ministro de relaciones exteriores de Guatemala Hugo Monroy dijo hace poco que Estados Unidos era “prácticamente el Wuhan de América”. Aludía a la ciudad china donde se detectó por primera vez el virus.
Michelle Brané, directora de la unidad de derechos del migrante de la Comisión de Refugiados de Mujeres, dijo que el virus es una excusa para expulsar menores de edad y que el gobierno de Trump podría admitirlos y al mismo tiempo evitar la propagación del virus mediante medidas como tomar la temperatura y cuarentenas.
“En el fondo”, manifestó, el objetivo “siempre ha sido tratar de bloquear el acceso a la protección de menores y de familias, y de personas que piden asilo”.
Solo dos asilos desde el 21 de marzo
Estados Unidos ha concedido solo dos asilos en la frontera con México desde la entrada en vigor, el 21 de marzo pasado, de las restricciones en respuesta a la emergencia por el coronavirus.
El diario The Washington Post, que cita datos no publicados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), señaló que la Administración de Trump ha suspendido a raíz de la pandemia muchos de los procesos para los inmigrantes, incluidos niños y solicitantes de asilo.
De igual forma, bajo el paraguas de la emergencia, la Administración ha “expulsado” además a 20.000 inmigrantes que han atravesado sin autorización la frontera, amparado en el código estadounidense conocido como el título 42, agregó la publicación capitalina.
El Post apunta que la USCIS ha realizado 59 entrevistas de selección entre el 21 de marzo y este 13 de mayo a solicitantes de refugio bajo la Convención contra la tortura, que es, según la versión, la única categoría de protección que todavía está disponible para aquellos que expresen un temor a ser víctimas de un daño grave si son rechazados por este país.
La información agrega que 54 personas que solicitaron asilo fueron rechazadas y tres casos más están pendientes, según esas estadísticas, que no precisan la nacionalidad de los solicitantes o alguna otra información demográfica de estos.
Destaca que en 2018 las cortes de inmigración concedieron 13.248 asilos a inmigrantes que solicitaron este beneficio para evitar ser deportados de Estados Unidos, según las estadísticas más recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
Por su parte, el diario The New York Times anticipó que la Administración de Trump está buscando extender indefinidamente las restricciones en la frontera debido a la pandemia y limitar así la inmigración a través de las fronteras terrestres hasta que las autoridades decidan que no hay más peligro de infección para los estadounidenses.
Estados Unidos y México acordaron restringir desde el pasado 21 de marzo los viajes no esenciales para evitar la propagación del coronavirus, una medida que había entrado en vigor previamente en el linde con Canadá.
Pero, según el diario neoyorquino, la nueva orden bajo revisión de distintas agencias del Gobierno está diseñada para extender las restricciones indefinidamente.
Una vez emitida por el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Robert R. Redfield, la medida en la frontera podrían estar en efecto hasta que él decida que el virus ya no supone una amenaza, explica la versión periodística.
“Estoy extendiendo la duración de la orden hasta que determine que el peligro de una mayor introducción del COVID-19 en Estados Unidos ha dejado de ser un peligro para la salud pública”, reza el borrador de la orden obtenida por el Times.
Además, este miércoles se conoció que cientos de médicos, enfermeras, así como trabajadores y profesionales de la salud pública firmaron un carta pública en la que hacen un llamado a los CDC a detener la orden atribuida al asesor presidencial Stephen Miller que consideran se vale de la emergencia por el coronavirus para deportara un gran número de niños inmigrantes y otras personas vulnerables.
“La decisión de detener los procesos de asilo ‘para proteger la salud pública’ no se basa en evidencia o en la ciencia”, señalan los más de 770 firmantes de la carta dirigida a Redfield y citada por el medio local Daily Kos.
En la misiva advierten de que la orden arriesga “decenas de miles de vidas y amenaza con amplificar el peligroso sentimiento antiinmigrante y la xenofobia”.
Fuente: AP y EFE
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