El kirchnerismo propone que el Estado se quede con parte de las empresas a las que ayuda por la pandemia

las empresas a las que asiste con subsidios durante la pandemia.

“Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías“, propuso la diputada a través de Twitter.

La economista planteó a través de una serie de mensajes en esa red social, que “es evidente que, si los recursos no alcanzan para todos, resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden”.

La diputada de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires comenzó su propuesta trazando lo que -considera- es el escenario de crisis que deja el coronavirus: “Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado”.

En este sentido, planteó que esta situación “implica la inyección de una importante cantidad de recursos que deben ser suficientes para garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento” y remarcó que esto “es crítico para el éxito de la propia estrategia sanitaria”.

“En este marco, el Estado tiene dos grandes opciones: una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, el otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan”, puntualizó.

Para la diputada, que trabajó en el Ministerio de Economía cuando Axel Kicillof estaba al frente de la cartera, en este contexto “se tornan cruciales” los criterios aplicados para determinar quiénes acceden a la ayuda del Estado.

Al respecto, advirtió que “la noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc, accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios”.