Otro grupo de expertos, además de los científicos que asesoran al Gobierno por la pandemia del coronavirus, debate por estos días una cuestión central: el rol del Estado en plena crisis sanitaria
y un debate abierto sobre su tamaño, los costos y su eficacia.
La crisis sanitaria que llevó al Ejecutivo a decretar un aislamiento obligatorio, obligó a redefinir el rol de la función pública y las tareas de los agentes en todo el territorio nacional, que se dividió en tareas a distancia -teletrabajo ohome office-, y algunas presenciales.
¿De dónde parten? Según datos de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a cargo de Ana Gabriela Castellani, existen 379.958 empleados públicos nacionales, de los cuales 193.064 corresponden a las Fuerzas Armadas (51%), que se encuentran desempeñando tareas de asistencia en el territorio; mientras que en el ámbito civil hay 186.894 personas (49%) que trabajan en gran parte entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En una videoconferencia titulada “La administración pública en tiempos de pandemia”, la funcionaria expone los datos de relevados de 84 jurisdicciones, con un total de 125.877 empleados del ámbito civil: el 63% trabaja de manera remota y el 14% lo hace de forma presencial. De esta manera, un 77% de los trabajadores públicos continúan con sus tareas. El resto, un 5% tiene licencia por ser factor de riesgo y los otros (poco menos del 20%) está con licencias por el cuidado de hijos.
Así, con datos duros, la funcionaria busca derribar el mito de que los trabajadores del Estado no están desempeñando sus labores y cita el Catálogo de Servicios y Derechos esenciales, que da cuenta que al 30 de abril se registran 250 servicios y tramitaciones que continúan funcionando y que “agrupa la oferta de servicios y las regulaciones estatales más importantes, como por ejemplo los canales para realizar consultas al Ministerio de Salud, los servicios de ANSES o AFIP”.
“Esta crisis es una oportunidad de mostrar lo que hace el Estado, que podemos dar respuesta, porque la ciudadanía requiere una respuesta rápida y efectiva y porque los que van a lograr darla son aquellos que trabajamos día a día en la administración pública nacional y en las provinciales. No es con menos Estado que salimos de acá, sino con un Estado capaz de fortalecer procesos, formas de trabajo de manera novedosas y con soluciones innovadoras que comuniquen lo que está haciendo y que no reacciona a la defensiva en una paradoja que pretende hacernos creer que hay un avance del Estado sobre libertades individuales”, expresa Castellani.
En base a este análisis, la funcionaria nacional recibió las propuestas del “Consenso para una función pública profesional, para la Argentina del siglo XXI”. Allí, el grupo de expertos se planteó el escenario de la función pública pos coronavirus. Lo dividieron en ejes:
“Adopción de políticas para la administración del Estado”
Aquí se plantea la necesidad implementar “herramientas digitales efectivas y fáciles de aplicar en todas las dependencias”. Para Fabián Rouco, director de ejecutivo de la Unidad de Vinculación Tecnológica, “las reglas mutaron abruptamente” y “las nuevas tecnologías no son una opción sino que son una obligación en todas las áreas del sector público. Hay que incorporarlas en todas los ámbitos del Estado, a nivel Nacional, provincial y municipal. Porque dan resultados tangibles”.
Y asegura que la cuarentena expuso la “necesidad de seguir avanzando en la digitalización para vaciar edificios que colapsan por estar literalmente habitados por expedientes en formato papel cuya información es poco aprovechada y con el tiempo se vuelve inservible”.
“Macro-estructura y dimensión del Estado”
Según apunta Guillermo Schweinhem, de Director Ejecutivo de la Maestría en Auditoría Gubernamental – UNSAM hay que “poner en marcha definitivamente el Sistema Nacional de Inversión Pública”. El objetivo sería el de volver eficiente ” la práctica de transferir fondos a provincias, municipios, organizaciones no gubernamentales”, para evitar el “derroche de recursos, falta de finalización de obras y bajísima transparencia”.
Para Eduardo Salas, docente de la Ciencia Política de la UBA, el Gobierno a través de la administración pública ha sido el “sostén de importantes sectores sociales vulnerados”. “Se corrió el velo que ocultaba, o al menos oscurecía, ante el público, lo necesario que eran sus trabajos, aún incluso de aquellos más simples y ubicados en la escala más baja de jerarquías y salarios. Dicho de otra forma, del necesario concurso de todos, y no sólo de algunos”, agrega el docente universitario.
“Modernización tecnológica”
Este es otro de los puntos del estudio donde se destaca el trabajo a distancia como una de las experiencias positivas durante el período de pandemia en Argentina.
La implementación del “teletrabajo” obliga a pensar en la creación de una legislación laboral que le dé un marco. En ese sentido, destacan el proyecto de ley para crear un régimen jurídico del teletrabajo en relación de dependencia, de la senadora María Eugenia Catalfamo.
Dicha iniciativa apunta a un plan de reconversión digital para las personas empleadoras mediante el impulso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). “Con esta iniciativa buscamos impulsar el trabajo a distancia en el sector público y privado, sin dejar de lado los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, afirmó la senadora del Frente de Todos.
“Empleo público”
Esta es otra de las preocupaciones de los analistas, quienes analizan el rol de los gremios estatales respecto al debate de los convenios colectivos de trabajo y la posibilidad de “incorporar nuevas figuras y modalidades que hacen a esa Administración del nuevo siglo como el teletrabajo sin que ello implique cercenamiento alguno a las condiciones y derechos laborales”.
Para Rita Grandinetti, profesora e investigadora de Tecnologías de la Administración Pública de la Universidad Nacional de Rosario, la “profesionalización” es “una asignatura pendiente” en el objetivo de lograr una administración pública del siglo 21.
“El diseño y puesta en marcha de un Modelo de función Pública Profesional permitirá contar con funcionarios públicos capaces para la gestión de políticas en estos tiempos, que como dijimos, son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, y requieren, más que nunca, de un estado inteligente”, asegura.
“Control, integridad y ética pública en el uso de los recursos públicos”
Este último eje hace hincapié en potenciales soluciones, luego de los escándalos por las compras de alimentos en el Ministerio de Desarrollo nacional; y de barbijos y alcohol en gel en el Gobierno porteño en plena crisis.
“Resulta imperativo optimizar la gestión de los fondos públicos mediante la mejora continua de normas, procedimientos y herramientas digitales de administración financiera, con el objeto de brindar un servicio de calidad en beneficio de la población”, sentencia Rouco.
Y pone el ejemplo del funcionamiento de la plataforma “COMPR.AR”, a la que define como “una herramienta transversal que cumple la doble función de ser un portal de difusión y un instrumento de gestión electrónica, mejorar y transparentar las compras gubernamentales“.
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