El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Copal, Daniel Funes de Rioja, remarcó la necesidad de un mecanismo de seguro de desempleo “que
proteja al trabajador pero no ahogue y lleve a la quiebra a las empresas”.
Así lo afirmó luego de que el Gobierno oficializara la decisión de prorrogar por 60 días, hasta fines de julio próximo, la prohibición para las empresas de efectuar despidos sin justa causa o bajo el pretexto de fuerza mayor, en relación a la retracción económica derivada de la pandemia de coronavirus.
En ese marco, Funes de Rioja se preguntó “qué puede hacer un empresario que no puede abrir o no tiene clientes, y que tieen que afrontar todas las obligaciones laborales”.
“Hace tiempo que vengo diciendo que la Argentina tiene que tener seguro de desempleo. Desde 2001 estamos con emergencia económica y de empleo la mayoría de los años”, aseguró el vicepresidente de la UIA y referente de la Copal en diálogo con El Destape Radio.
En este sentido, señaló que, “cuando no hay una red de contención, qué puede hacer un empresario que no puede abrir o no tiene clientes y tiene que afrontar todas las obligaciones laborales, no puede despedir ni suspender”.
Hace tiempo que vengo diciendo que la Argentina tiene que tener seguro de desempleo. Desde 2001 estamos con emergencia económica y de empleo la mayoría de los años”
Daniel Funes de Rioja
“Hay que buscar soluciones estructurales para la Argentina, tenemos que tener instrumentos que protejan al trabajador pero que no ahoguen, que no lleven a la quiebra a las empresas”, consideró.
Sobre la reducción salarial acordada para empleados suspendidos, dijo que “no es que se le está sacando salario” a los trabajadores sino que se trata de una medida “para protegerlo en un sistema incompleto, que le falta la seguridad social”.
Por otra parte, el empresario proyectó que “hay muchas actividades que van a tardar mucho en recuperarse” tras la pandemia de coronavirus.
Consultado sobre la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), señaló que “el programa tiene una reglamentación muy estricta y para empresas de más de 800 personas hay un comité integrado por ministros que hacen la evaluación”, con lo cual -agregó- “no le están regalando nada a nadie”.
“En los países centrales industrializados este soporte o ayuda lo reciben desde los directivos de Lufthansa hasta la última persona”, concluyó.
