AFIP rechazó la propuesta del grupo ligado a Hugo Moyano para quedarse con OCA

sus operaciones. Es que el precio ofertado por el Grupo Campici no coincide “con el valor estimado por los enajenadores” Alicia Kurlat y Carlos Tabasco, respondió el organismo manejado por Mercedes Marcó del Pont, según dijeron fuentes judiciales a Clarín. 

El caso se maneja en el juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, con profundo hermetismo y celeridad. El juez Pablo Tejada le había pedido la semana pasada a los acreedores, encabezados por la AFIP, que en cinco días hagan sus observaciones sobre esta propuesta “confidencial”, para dar una respuesta formal, en consideración de la situación “socioeconómica y sanitaria” que atraviesa el país, en el marco de la pandemia de coronavirus.

El último día que había fijado Tejada para que respondan los acreedores, se supo que la AFIP resolvió “no analizar la propuesta”, en disconformidad con el bajo precio ofertado; aunque dejó abierta la puerta para analizarla, si es que el grupo encabezado por Gonzalo Campici mejora su oferta económica.

De hecho, esa propuesta es la única que giró el juez Tejada para que analicen los acreedores, ya que está firme y garantiza la continuidad de los 6.800 trabajadores de la empresa que más afiliados tiene al gremio de Camioneros, según aseguraron fuentes judiciales. De hecho, el propio Campici dijo que además tenía el apoyo del gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano, al que pertenecen el 90% de los empleados de OCA.

Este martes el columnista Daniel Bilotta reveló en el diario La Nación que la principal empresa del Grupo Campici, Escudo Seguros, que el año pasado era sponsor del Club Independiente, tiene una situación impositiva muy comprometida. Es que le habría pagado al club que maneja Moyano con cheques sin fondos, mecánica que se habría repetido en otras operaciones, que se reflejaron en la Central de Deudores del Banco Central, donde ya se contabilizan 773 cheques rechazados por más de $50 millones.

Según publicó Bilotta, Escudo Seguros tendría también una deuda de $90 millones en aportes de seguridad social y otros $200 millones con la AFIP. Una suma muy importante, que pondría en una situación muy frágil al Grupo Campici como para hacerse cargo del mayor correo privado del país.

Pero las relaciones políticas de Campici lo alientan a seguir insistiendo con esta compra. Es que es un hombre muy cercano a Hugo Moyano y, además, al senador bonaerense K Francisco Durañona, ex intendente de San Antonio de Areco y ex superintendente de Seguros durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner. Su hermano Sebastián Durañona es ahora abogado y asesor de los Campici en esta operación; mientras que su otra hermana, Ana Durañona, es la gerenta de Coordinación General de la Superintendencia de Seguros. 

El correo que fue de Alfredo Yabrán tiene una historia tumultuosa, vinculada con manejos opacos, difíciles de explicar en público. Por ejemplo, el gremio de Camioneros pagó parte del sueldo de sus empleados durante varios meses de 2016, período en el que Hugo Moyano tomó el control de la compañía por la fuerza, en una situación que quedó plasmada en un video que las propias autoridades de OCA hicieron circular.

Luego la Justicia ordenó la reincorporación de Patricio Farcuh, quien era el dueño y algunos vinculaban como supuesto testaferro de Moyano. Pero el correo fue a la quiebra con “continuidad de operaciones” en abril del año pasado, a pedido de la AFIP, organismo al que le debe más de $5.000 millones, entre otros acreedores.

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En la actualidad, el correo es manejado por dos interventoras judiciales, un representante del Gobierno y el abogado del gremio de Camioneros, Rodrigo Condori. El delegado de Hugo Moyano en OCA es quien ocupa la oficina que supo ser de Farcuh y se encarga personalmente de manejar casi toda la operatoria del correo y monitorear el proceso de transferencia de OCA.

Ahora habrá que esperar la reacción del Grupo Campici, para ver si mejora la oferta y se acerca al precio que pusieron los enajenadores judiciales o se retira del proceso de quiebra de OCA. Esa decisión permitirá que el juez Tejada pueda resolver si aprueba o rechaza la transferencia pedida por el grupo cercano a Hugo Moyano.

Mientras tanto, los síndicos de la quiebra señalaron, en un informe al juez, que la pandemia de coronavirus produjo “un incremento inusitado en el servicio de paquetería derivado de la venta por comercio electrónico, que ha ocupado fuerza y capacidad de trabajo otrora ociosa, con el consiguiente aumento en la facturación” de OCA.