El mercado de capitales podrá financiar políticas públicas de asistencia social o productiva a partir de la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de crear
un régimen especial de fideicomisos financieros que permitirá invertir en proyectos con impacto social.
Así lo explicó a Télam el presidente de la CNV, Adrián Cosentino, y destacó que “esto constituye un avance de suma trascendencia para la gestión, otorgando el marco general a partir del cual la CNV busca promover la movilización de recursos desde el mercado de capitales hacia proyectos o destinos con impacto social”.
A partir de la resolución general 839/2020, publicada en el Boletín Oficial, medidas como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán financiarse a través del mercado de capitales.
Cosentino sostuvo que “la iniciativa “busca complementar recursos públicos y privados, en los que se denomina una solución mixta de financiamiento, conectando a los inversores institucionales con el financiamiento de infraestructura social y productiva de diversa índole”.
Asimismo, remarcó que “el financiamiento productivo es una prioridad de política de la CNV”, y puso de relieve que “el directorio materializó también la aprobación del primer fondo de capital de riesgo vinculado con una política de apoyo y promoción de emprendimientos de base científica, generación de empleo y valor agregado”.
La normativa publicada precisó que el régimen “debe tener como directriz que el financiamiento que se obtenga a través del mercado de capitales se constituya con el objeto de asistir y gestionar recursos a ser destinados, de forma directa o indirecta, a entidades o instituciones del sector público, nacional, provincial o municipal y que conlleve impacto social”.
Por su parte, el director ejecutivo del Mercado Argentino de Valores (MAV), Fernando Luciani, destacó a esta agencia que “es de suma importancia impulsar políticas de desarrollo social”.
“El fideicomiso financiero es una excelente herramienta para combinar esfuerzos público privados, por la naturaleza propia del fideicomiso, que permite armar una unidad a través de la suma del sector público y el privado con un objetivo común de desarrollo social”, explicó Luciani.
También sostuvo el directivo del MAV que “sin dudas que puede ser muy bueno tanto para el crecimiento del país, para sumar opciones para los inversores y para el Estado en general”.
“Celebramos que se utilice al mercado de capitales como herramienta para la obtención de financiamiento, a fin de gestionar recursos para ser destinados a entidades o instituciones públicas”, señaló a Télam, el director ejecutivo del Grupo SBS, Leandro Trigo, quien estimó que “de implementarse esta herramienta podría darse un fuerte impacto social positivo”.
Trigo consideró que la elección de la figura del fideicomiso es “muy adecuada”, ya que indicó que “durante los últimos años han demostrado que los mismos son un vehículo de financiamiento colectivo sólido a estos fines”.
“Como compañía, creemos fuertemente en la importancia de movilizar recursos del mercado de capitales hacia fines de desarrollo de la economía real”, afirmó Trigo, quien aseguró que “desde SBS, hace tiempo que venimos investigando y promoviendo este tipo de inversiones en el ámbito privado, y vemos con optimismo que este nuevo vehículo de inversión colectiva pueda incluso complementar recursos públicos y privados”.
Del mismo modo, el director de la entidad de servicios financieros First Capital, Miguel Arrigoni, opinó que el nuevo régimen “está muy bien pensado” y evaluó que su éxito “dependerá de cómo se estructure cada fideicomiso”.
“Se quiere hacer un trámite acelerado de los fideicomisos de las provincias para que puedan financiarse a través del mercado de capitales”, indicó Arrgoni a Télam, al tiempo que sostuvo que “es una muy buena iniciativa para aplicar en proyectos de energía, infraestructura; financiarlas a través de este vehículo”.
El ejecutivo recordó destacó que “en 2009 con First estructuramos un fideicomiso para el Sistema Vial Integrado, con el objetivo de financiar la pavimentación de 5.500 calles en distintos lugares del país, donde había escuelas y salas de sanidad, que tenía como garantía las regalías provinciales provenientes del impuesto a los combustibles”.
“Si estas operaciones están bien estructuradas son un recurso muy bueno para el financiamiento de proyectos, pero si no, se transforman en un problema. No es menor que tiene que ponerse mucha atención en cómo se estructuran”, concluyó Arrigoni.
