Los emprendedores fueron a la justicia: presentaron un amparo para que se respete la ley y los dejen funcionar

Justicia (IGJ) ha dictado en los últimos dos meses para regular la Ley de Emprendedores. Las resoluciones buscan impedir el uso de las sociedades conocidas como SAS, anula su tramitación online y pretende declarar la nulidad de miles de sociedades creadas en los últimos dos años.

Los emprendedores reaccionaron así a las 25 Resoluciones Generales de la IGJ (más de una cada 3 días hábiles), de las cuales siete fueron para impedir el uso de la “Sociedad por Acciones Simplificada” (SAS) en la Ciudad de Buenos Aires.

El argumento central del amparo es el respeto a la división de poderes, ya que la IGJ no puede derogar o modificar una ley. “La IGJ es un organismo de sexto rango en la órbita del Poder Ejecutivo; pretender modificar una ley sería equivalente a que el Registro Civil requiera un estudio de ADN para inscribir un nacimiento, o que el Registro Automotor se niegue a registrar camionetas porque prefiere los automóviles”, ejemplificó Ricardo Cony Etchart, profesor de Derecho de la Universidad Austral y adherente del amparo. “Su actuación atenta contra el sistema republicano y es nula e inconstitucional”, agregó.

“La IGJ excede las funciones propias que la ley le concede atribuyéndose facultades que no tiene, en clara violación de los principios constitucionales. Parte de una premisa errónea al presumir que las SAS son un instrumento para el fraude”, subrayó Fernando Pérez Hualde, profesor de Derecho de la Universidad de Cuyo y adherente al amparo. “Es una SAS constituida con $19.000.- de capital (NEOKIT SAS) la que le ha permitido al CONICET desarrollar -conjuntamente con privados- un test rápido y económico para diagnosticar el COVID-19. El fraude no depende del instrumento jurídico, sino del mal uso del mismo. Existen matrimonios fraudulentos”, agregó.

“Si nos guiamos por el actual criterio de la IGJ, no se debería haber permitido operar a Mercado Libre, Globant, o incluso a Neokit SAS, la empresa de científicos del CONICET que desarrollaron el test de detección rápido del COVID-19”, analizó Alejandro Ramírez, responsable de Políticas Públicas de ASEA. “De la misma forma, no se entiende que la IGJ pretenda abandonar un sistema de libros societarios y contables basado en Blockchain para volver al papel. Argentina debe ser el único país del mundo en el que se verifica este retroceso”, enfatizó.

Antes de iniciar las acciones legales, ASEA había expresado su rechazo a la persecución de la IGJ a la SAS cuando, con la Resolución 4/2020, quiso eliminar el registro online y los libros digitales de ese tipo societario. Sin embargo, y en medio del rechazo de más de cuarenta organizaciones del ecosistema emprendedor, esa norma aún no fue publicada en el Boletín Oficial.

Según demandan los emprendedores, las Resoluciones de la IGJ son violatorias de más de 15 artículos de la Constitución Nacional.

“El intento de la IGJ de aplicar de forma retroactiva su nueva normativa, contraria a la anterior, importará para los miles de socios de estas SAS una erogación -también ilegítima- de más de $20 millones (si se estima que al menos 5.000 sociedades publiquen edictos a un costo aproximado de $ 4.000 c/u), sumados a otra cifra similar que la IGJ probablemente percibirá por trámites de subsanación que –de nuevo, ilegítimamente- pretende imponer, ello sin sumar el costo notarial que perciban los escribanos por subsanar de conformidad con lo solicitado por la IGJ”, señalan los emprendedores.

 Desde la aprobación de la Ley de Emprendedores, en marzo de 2017, se crearon más de 27 mil empresas con la figura de la SAS y se generaron más de 47 mil puestos de trabajo registrados -a lo que se debe sumar el trabajo indirecto-. Hasta ese momento, ninguno de los modelos societarios vigentes permitían organizar capitales ni brindaban la flexibilidad suficiente para escalar de forma simple y de acuerdo a las necesidades.

En el año 2019, como en lo que va del 2020, la SAS fue el tipo societario más elegido por las pymes, lo que representa en la actualidad el 50% de las sociedades que se constituyen ante la IGJ.

Si se toma el número final de la AFIP en todo el país durante el 2020: En el año 2018 el monto de impuesto a las ganancias aportado por las SAS tuvo un crecimiento del 155% con respecto al año anterior, mientras que en 2019, la recaudación de la AFIP con respecto a la SAS tuvo una tasa de crecimiento del 580%, este crecimiento no se debió a un fenómeno inflacionario, ya que la recaudación de la AFIP sobre las SRL y las SA tuvieron un crecimiento promedio del 38%, es decir un crecimiento 15 veces menor.

ASEA cobija más de 33.000 emprendedores de todos los rubros, en el país. Se tarta de una organización sin fines de lucro, formada en el año 2014 y fue la que impulsó la ley de emprendedores.