Provincia de Buenos Aires: construirán unidades sanitarias para alojar presos que contraigan coronavirus

obras para atenuar la situación de hacinamiento y superpoblación en el sistema penitenciario.

En Buenos Aires, las cárceles tienen plazas para 24 mil personas, pero hay casi 50 mil detenidos. Cuando llegó el virus al país, esa situación expuso al sistema penitenciario como un polvorín que podría estallar en contagios si ingresaba el COVID-19 al otro lado de los muros. A principios de marzo, en Provincia se fortalecieron los controles sanitarios, se suspendieron las visitas y se reforzó el área de salud.

Pero además, el vicepresidente del Tribunal de Casación, Víctor Violini, firmó un fallo en el que instó a los jueces a facilitar el otorgamiento de prisiones domiciliarias a detenidos en riesgo. Era para procesados ​​o condenados por delitos leves, pero salieron homicidas, violadores y abusadores. Y estalló un escándalo que obligó a la intervención presidencial. También del gobernador Axel Kicillof, quien tuvo que aclarar que no impulsó políticas de liberaciones masivas desde el Poder Ejecutivo.

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Entonces, se anunciaron obras y mejoras. Uno de los programas está avanzado. Es el de la construcción de 16 unidades sanitarias y 6 centros de aislamiento que tienen capacidad para 750 pacientes que eventualmente contraigan COVID-19. Arrancará en junio y prometen terminarlo antes de finales de ese mes.

Se busca evitar que los detenidos contagiados generen focos que, dentro de los pabellones hacinados, resultarían incontrolables.

Cuando los reclamos de familiares de víctimas y los planteos de la oposición retumbaban en los despachos oficiales, el presidente le pidió al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que buscara una “alternativa rápida” para descomprimir la queja pública y -en parte- aliviar la superpoblación.

Hubo otras reacciones. El 5 de mayo, Kicillof informó el plan de ampliación de 1350 plazas en diferentes unidades. Se comprometió a hacerlo entre junio y octubre.

Y desde la Justicia también: el 11 de mayo la Suprema Corte bonaerense revocó el hábeas corpus colectivo resuelto por Casación para activar las prisiones domiciliarias. Fue al resolver un recurso de queja por la determinación de Violini. Y dispuso una serie de limitaciones a la concesión del beneficio.

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Además, los ministros de la Corte bonaerense plantearon la necesidad de rever políticas criminales vinculadas con el régimen carcelario, y apuntaron otra vez las políticas en el Poder Ejecutivo y en la Legislatura.

Buscar alternativas para preservar la salud de los presos sin darles la posibilidad de salir era uno de los pedidos que se escucharon en esos días de controversia. Con el paraguas de la emergencia sanitaria, Katopodis acudió a 1.050 millones de pesos de un crédito internacional para destinarlos de la contratación, construcción y equipamiento de estos espacios que se ubicarán en los terrenos de las prisiones bonaerenses.

“El Presidente nos solicitó una acción rápida y efectiva para atender y contener la transmisión del COVID-19 en unidades penitenciarias. Con este sistema vamos a dar una respuesta para la emergencia, pero también para después de la pandemia. Estas unidades serán centros de salud carcelarios que quedarán, también, para el futuro “, dijo a Clarín, el ministro Katopodis.

Las 16 “unidades sanitarias”, permitirán sumar 432 lugares distribuidos según el espacio disponible en cada unidad penitenciaria. Son módulos de construcción rápida, escalables (es decir que pueden ser ampliados con facilidad), de elaboración en seco. Esto facilita su realización de manera simultánea en turnos rotativos de 24 horas.

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Estarán equipadas con camas en celdas individuales con cierre electrónico. Cada unidad tendrá, además, equipamiento de Rayos X móviles, resucitador, equipo de traqueotomía, ventilador móvil (respirador), kit de laboratorio y equipo de curaciones. Y un sistema de cámaras de monitoreo.

Tienen el mismo proceso de construcción que los 12 hospitales modulares que se levantaron en el Conurbano. Cuando termine la pandemia, quedarán como centros de salud en los penales.

Habrá lugares también para cárceles federales. En Obras Públicas, informaron que se harán en el Complejo Penitenciario Federal 1 (Ezeiza) y en el Complejo Penitenciario Federal 2 (Marcos Paz).

En Buenos Aires se instalarán en los complejos penitenciarios Norte (San Nicolás-Campana); Conurbano Bonaerense Sur / Oeste (Matanza, Lomas de Zamora); Este (Mar del Plata-Batán); Florencio Varela; La Plata; Olmos; Magdalena; Sur (Bahía Blanca- Saavedra); Centro Zona Sur (Sierra Chica); Centro Zona Norte (Azul-General Alvear); Campana y Complejo Penitenciario San Martín.

Los 6 centros de aislamiento los ubicarán en espacios ya identificados dentro de las cárceles. Esos sitios serán reacondicionados para sumar más de 300 plazas y disminuir la cantidad de contagios. Tendrán camas divididas por paneles y un office de enfermería. Y contarán con un sistema de cámaras de monitoreo.