Una bomba política –una más- le explotó ayer en la cara a Jair Bolsonaro. La pandemia, que provocó más de 20 mil muertos, y la crisis económica ya habían golpeado seriamente a su gobierno, rechazado por la mitad de los brasileños. La nueva estocada llegó ahora desde el Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizó la divulgación de un video en el que el presidente admite a su gabinete su intención de intervenir en las investigaciones de la Policía Federal (PF) para proteger a sus hijos. Además, la Corte trasladó a la Procuraduría General de la República (PGR) la decisión de secuestar los celulares del presidente y de su hijo, Carlos, para continuar la investigación.
Descontrolado, a los gritos, Bolsonaro profiere decenas de insultos en la reunión de gabinete del pasado 22 de abril, que había sido señalada por su ex ministro Sérgio Moro ante la Justicia. Llama “bosta” al gobernador de San Pablo, Joao Doria, y “estiércol” al de Río de Janeiro, Wilson Witzel. Una de sus ministras, Damares Alves, propone meter presos a gobernadores y alcaldes. Otro, Abraham Weintraub, sugiere hacer lo mismo con los jueces de la Corte, a los que llama “delincuentes”. El propio presidente, en otro tramo de la grabación, dice, desencajado, que quiere que el pueblo se arme. “Estoy armando al pueblo porque no quiero una dictadura”, asegura.
Pero el tramo más significativo es cuando admite su interferencia en la Policía Federal para proteger a su familia de investigaciones por corrupción: “Intenté cambiar gente de seguridad nuestra en Río de Janeiro y no lo conseguí. No voy a esperar a que me jodan a mí y a mi familia”.
Tras la reunión de gabinete, el jefe de Estado reemplazó al director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo, lo que precipitó la salida de Moro y su explosiva denuncia.
Escándalo. Celso de Mello, magistrado del STF, autorizó ayer la divulgación del video, como había solicitado la defensa de Moro, con la excepción de un tramo en el que hablarían sobre la relación con China. En las imágenes, el ex capitán del Ejército aparece desencajado, pronunciado insultos a diestra y siniestra y golpeando la mesa. El único tramo que no fue publicado estaría vinculado a declaraciones sobre China.
“Esto es dinamita política. Bolsonaro trató más de una vez de hacer un cambio en la jefatura de la PF de Río de Janeiro, donde uno de sus hijos es investigado por corrupción”, afirmó a PERFIL Matías Spektor, profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV).
El gobierno había anticipado una furibunda respuesta minutos antes de que el video se hiciera público. El general Augusto Heleno, ministro de Gabinete de Seguridad Institucional, embistió contra Celso de Mello, que había remitido al Procurador General, Augusto Aras, la decisión de incautar el celular del presidente y de su hijo Carlos. El militar retirado amenazó con “consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional”, al tiempo que calificó la difusión del video como “antipatriótica” y “un atentado a la seguridad nacional”.
Según la última encuesta de XP Investimentos, el gobierno de Bolsonaro tiene un 25% de aprobación, mientras que la mitad de la población lo considera “pésimo”. “El presidente tiene un apoyo popular en caída. Tendrá dificultades en recuperar esa popularidad perdida debido al perfil de la pandemia en Brasil y a la crisis económica”, asegura Spektor, que, sin embargo, no cree posible un impeachment en el corto plazo. La alianza con el Centrão, el bloque de partidos tradicionales que controla una mayoría en el Congreso, blinda al jefe de Estado.
Más allá de esa coalición legislativa, los militares son el principal sostén de Bolsonaro. “Su apoyo no es menor en una crisis política, social y económica tan aguda, donde la trayectoria futura parece aún peor”, agregó Spektor.
El general Walter Braga Netto, jefe de la Casa Civil, negó ayer que el Gobierno quiera dar un autogolpe de Estado. Apenas 24 horas antes, Heleno había expresado lo mismo. Demasiadas desmentidas para un país que se hunde en su mayor crisis política, sanitaria y económica de las últimas décadas.
