Cambiemos piden interpelar en el Congreso a la ministra de Seguridad por el delivery de planes sociales

de informe urgente a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. El proyecto de resolución fue presentado por el diputado nacional José Manuel Cano y cuenta con la adhesión de otros siete legisladores de la oposición.

Cano pidió citar “con carácter de urgente” a la ministra para que aporte detalles del procedimiento que realizó el miércoles la Armada de Paraguay en el Centro de Frontera del puente internacional “San Roque González de Santa Cruz”. Allí, las autoridades paraguayas decomisaron casi 600.000 pesos en efectivo y unas 30 tarjetas de débito correspondientes a jubilados y beneficiarios de planes sociales que nunca habrían residido en el país.

En su proyecto, el legislador tucumano detalló que los dos funcionarios involucrados en la maniobra -un aduanero y un agente de Transportes- violaron los decretos nacionales 274, 331 y 365, que dispusieron el cierre de las fronteras para evitar la propagación del coronavirus.

Los funcionarios se valían de su permiso de tránsito hasta el Centro de Frontera de Encarnación para realizar el delivery de planes sociales a cambio de una comisión que oscilaba entre el 10 y el 20 por ciento de lo retirado a través de los cajeros automáticos del Banco Nación y de otras dos entidades privadas.

La Aduana de Paraguay había advertido que numerosas personas solían concentrarse en las cercanías de la cabecera del puente internacional en determinadas fechas. Y no tardaron en establecer que era para esperar el dinero correspondiente a diferentes beneficios abonados por el Estado argentino y que funcionarios argentinos les hacían llegar a cambio de una comisión.

El aduanero y el funcionario de Transporte se quedaban con sumas que oscilaban entre los 50.000 y 100.000 pesos por cada cruce de dinero que realizaban a lo largo del mes. En la Justicia de Paraguay sospechan que la maniobra comenzó en el mes de marzo, cuando se clausuró el tránsito de pasajeros sobre el viaducto.

Cuando la Armada identificó a los sospechosos de la maniobra decidió requisar la motocicleta del empleado de Transporte. Alli encontraron prolijos fajos de dinero envueltos en papel film con sus respectivas tarjetas de débito y en manuscrito la comisión cobrada y el saldo que quedó en la cuenta.

En su pedido de informes, Cano detalló que “el agente aduanero Luis Alberto Romano ya fue trasladado a otra dependencia del organismo mientras avanza un sumario administrativo en su contra” y que la propia Aduana realizó una denuncia ante la Justicia Federal de Posadas para que investigue la posible comisión de delitos.

La Justicia de Paraguay no inició causa penal porque el monto hallado en poder de los funcionarios argentinos no alcanzaba los 10.000 dólares, pero sí puso al descubierto una situación por todos conocida: que miles de personas que nunca residieron en el país pudieron acceder a jubilaciones y otras prestaciones del Estado argentino.

Los funcionarios argentinos de Migraciones, Aduanas y Transportes deben trasladarse todos los dias hasta el Centro de Frontera de Encarnación, donde realizan el control de los camiones que trasponen el puente “San Roque González de Santa Cruz” con cargas o en lastre.

En los fundamentos de su proyecto, Cano sostuvo que “cientos de personas que residen en Encarnación y zonas aledañas tramitan su DNI tras declarar un falso domicilio en Argentina y luego realizan los trámites ante ANSES para el cobro de diferentes beneficios sociales. Esos extranjeros que nunca residieron en el país suelen convertirse en un voto cautivo del oficialismo”. Y que una situación similar se registra en Formosa.

“El hecho en cuestión es de suma gravedad y pone al desnudo los agujeros negros y las posibles maniobras delictivas perpetradas desde la ANSES con el manejo de fondos públicos”, aseguró el legislador tucumano y preguntó quiénes están por arriba de los detenidos.