Los barrios populares “están contenidos” y no hay indicadores de “tensión social ni desmadre social” en los dos meses que lleva el aislamiento social y obligatorio dispuesto
por la pandemia de coronavirus, según afirmó Gustavo Aguilera, subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social, la cartera que ya piensa en la salida de la cuarentena.
“Los barrios están contenidos y está garantizada la presencia del Estado, no sólo en la distribución de alimentos, junto a organizaciones y municipios, sino en la contención y acompañamiento de quienes no tienen obra social, medicamentos o acceso a un tratamiento médico complejo”, declaró Aguilera.
En una entrevista con Télam, el funcionario explicó que la decisión del gobierno nacional de sumar políticas para los más desprotegidos, como la tarjeta Alimentar, el IFE y los programas ‘Detectar’ y ‘El barrio cuida al barrio’ hacen que “no haya tensión y que no existan situaciones de desmadre social”.
Aguilera ofreció detalles horas antes de que el presidente Alberto Fernández anuncie la prórroga del aislamiento social y explique la modalidad de la cuarentena en todo el país a partir del próximo lunes, que tendrá como prioridad la asistencia a los barrios populares y el reordenamiento del transporte público en la zona metropolitana de Buenos Aires.
La salida del aislamiento y la reinserción en esquemas de trabajo barrial son parte medular del proyecto que elaborará para los próximos meses el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, quien busca establecer el “perfil productivo” de los municipios, y capacitar y crear empleo local.
Trabajos de construcción en los barrios, producción textil orientada a las nuevas demandas, elaboración de alimentos, reciclado y economía del cuidado serán las modalidades para ese plan, que reforzará los créditos no bancarios para la compra de máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital.
La asistencia a los barrios populares fue el tema central de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo ayer con los expertos sanitarios y epidemiológicos, antes de definir una nueva etapa de cuarentena que anunciará esta noche.
Por ahora, garantizar que no haya hambre en las barriadas aparece como el objetivo más urgente para el gobierno y, por eso, desde el inicio de la pandemia, ya fueron distribuidos 11 millones de kilos de alimentos secos, destinados a organizaciones no gubernamentales, sociales e iglesias de todo el país, según detalló Aguilera.
Sólo en mayo se repartieron 5 millones de kilos de alimentos en todo el país y se distribuyeron 700 millones de pesos a municipios del conurbano y de las provincias, tanto para la compra de comida como de productos de higiene y limpieza.
“La demanda alimentaria tiene tres componentes: la pandemia, la crisis económica que heredamos y los depósitos vacíos que nos dejó la gestión anterior de Mauricio Macri”, resaltó el funcionario.
Es que la subsecretaría de Asistencia Crítica cuenta con 2 depósitos en el país, que deben tener stock suficiente de alimentos no perecederos para asistir a los municipios ante eventuales emergencias, pero en diciembre del año pasado -al asumir la nueva gestión- fueron encontrados vacíos.
“Venimos de una deuda social y galpones vacíos y ahora además se sumó la pandemia de coronavirus; todo junto es un combo explosivo”, insistió Aguilera, quien detalló que esos depósitos están ubicados en Tafí Viejo (Tucumán) y en Villa Martelli (Buenos Aires).
Con todo, el subsecretario destacó como central la “sumatoria de políticas” que el Estado diseñó en apenas 2 meses para “sostener” a los grupos más vulnerables, en línea con el mandato del Presidente, de lograr después de la pandemia “construir un país más justo”.
En ese marco, Aguilera destacó el trabajo conjunto con municipios y organizaciones y elogió los claros gestos de “solidaridad barrial” que se ven en los barrios.
Como ejemplo de eso, mencionó las ollas populares, que -dijo- muchas veces se organizan en forma espontánea y graficó: “Son un lugar de encuentro y una genuina expresión de solidaridad barrial”.
“Pueden faltar cosas, pero hay un Ministerio que está cerca y da la cara”, advirtió Aguilera y, si bien aceptó que a veces hay “quejas” porque la variedad de alimentos que reciben los comedores “no siempre es la que quieren, también hay respuesta del Estado”, en un sistema de entregas que “se está regularizando”.
La semana próxima se abrirá una nueva licitación de emergencia por la pandemia de Covid-19, en la que se incorporarán siete productos más -a los 7 que ya se entregan-, luego de que hayan sido aprobados por un equipo de nutricionistas.
Las nuevas licitaciones están abiertas para quienes puedan ofertar un mínimo de 170 mil unidades -de alimentos- a precios mayoristas, que el Estado paga a los 45 días de haberse otorgado.
También, las próximas entregas incluirán alimentos frescos -como bolsones de hortalizas y verduras- que proveerá la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), con el objetivo de incorporar cooperativas efectoras al sistema de compras.
