Magistratura: Proponen empezar primero en forma remota los juicios orales con detenidos

jueces hayan pedido antes esos recursos tecnológicos. Lugones se adelantó así al debate que habrá el martes en el organismo para decidir qué plataforma y que juicios orales se reanudan con esa modalidad.

Por su parte, el consejo y diputado de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, dijo que espera que el martes “se elabore un plan de acción” para reanudar juicios con “importancia institucional” como el de Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Kirchner o la ruta del del dinero K.

Siguiendo las prioridades de Lugones -se se acepta el martes- el de Vialidad no se reanudaría primero entre “los 247 juicios orales” que están en marcha en todo el país. Además, el Tribunal Oral Federal 2 “hizo el pedido hace un par de semanas, mientras que otros tribunales lo hicieron a mediados de abril”. En cambio, en el juicio por la ruta del dinero K está con prisión preventiva Lázaro Báez. Entonces, habrá que esperar que criterio se vota el martes.

En declaraciones al programa Cuestiones Pendientes de radio Milenium, Lugones dijo que la responsabilidad de haber contestado que no había recursos para reanudar el juicio de Vialidad fue “de un empleado (Wilde Noziglia), quien lo hizo sin mi autorización ni tampoco de su jefe, el director de Tecnología David Conte”. “Yo designé a Wilde Noziglia para que se encargue del tema de las videconferencias pero no se le dio ninguna autorización para contestar”, agregó. Luego Lugones -que es juez federal de San Martín- dijo que sobre este tema “hubo una operación de dos diarios” (Clarín y La Nación) porque dieron la noticia con “minutos de diferencia”.

Por su parte, Tonelli en declaraciones al programa Dato sobre Dato, dijo que “a mi la respuesta (del Consejo a través de Wilde Noziglia) me parece totalmente inaceptable e inadmisible”.

“Ante cualquier requerimiento de medios técnicos para llevar adelante el juicio, el Consejo lo tiene que proveer. Si no tenemos esos medios a disposición, los funcionarios del área tecnología nos lo tiene que hacer saber a los consejeros para que los resolvamos. El problema hay que resolverlo de forma inmediata y si hacen falta mas medios los conseguiremos”, agregó Tonelli quien el martes había enviado un mail a Lugones preguntando por esa respuesta que llevó al tribunal que tiene el caso Vialidad.

Lugones dijo que hay que desarrollar “plataforma confiables” en las que puedan participar unas 50 personas, entre jueces, fiscales y abogados y no solo usar Skype o Zoom.

La semana pasada, Lugones  había destacado el “ acuerdo con Ar-Sat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima) que permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento, descongestionando los servidores locales, que podrán reservarse para los servicios que no puedan ser tercerizados y por otro, para acceder a su plataforma de videoconferencias, recibiendo asimismo la asistencia técnica necesaria para la transferencia de esta tecnología”.

En un comunicado, también subrayó el convenio “de colaboración con JUFEJUS (Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facilitará la cooperación tan necesaria con las distintas jurisdicciones”. Así se podrán “producir servicios y procesos más ágiles e integrados, habilitando la posibilidad de sumarse además a la ‘nube judicial’, un sistema informático judicial, federal, descentralizado y colaborativo, que ha avanzado entre otros temas en la realización de audiencias judiciales, que se están poniendo a prueba en la Jurisdicción de Mendoza”, agregó lugones.

“En poco más de dos meses el Poder Judicial produjo significativos avances hacia la digitalización de su actividad, que ha exigido esfuerzos de todos los involucrados, y que ha tenido al Consejo de la Magistratura como uno de sus protagonistas”, resaltó el magistrado.

Lugones recordó que “en pocos días y en medio de la emergencia, un sistema complejo como el judicial pasó del expediente papel a la digitalización de los expedientes y del trabajo presencial al teletrabajo, en todos los casos posibles, con recursos propios y el trabajo de las áreas tecnológicas del organismo”.

En ese sentido, dio crédito a la “gestión conjunta de la presidencia del cuerpo y la presidencia de la Comisión de Administración (ejercida por el consejero Juan Pablo Mas Velez), ha interpretado las nuevas necesidades, por ello también se adoptaron múltiples decisiones, que permitirán mejorar las condiciones y prestaciones informáticas y de comunicaciones, que aportarán celeridad y seguridad a la función judicial”.