Carlos Zannini, el fiel aliado de Cristina Kirchner que ya tomó decisiones para beneficiarla en la Justicia

del Presidente de la Nación, con rango ministerial. Su rol es clave como las acciones que impulsa desde su cargo: algunas apuntaron contra al Mauricio Macri, como cuando en febrero pasado pidió intervenir el Correo Argentino, empresa que fue de la familia del ex presidente. Otras medidas pueden incidir a futuro sobre reclamos contra la vicepresidenta, incluso como coimputado con ella, pidió que se anule el juicio por la firma del Pacto con Irán.

El ex secretario Legal y Técnico del gobierno kirchnerista, asumió en la gestión de Alberto Fernández como Procurador del Tesoro. Su llegada al cargo fue leída como un avance más de Cristina Kirchner en su armado político, pero aceptada por el Presidente. “Lo valora mucho, personal e intelectualmente, sobre todo”, explicaron fuentes oficiales.

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Como Procurador, hay al menos cinco competencias directas que tiene Zannini. El asesoramiento jurídico al Ejecutivo Nacional y todos los organismos que de él dependen, la representación y defensa del Estado Nacional en un juicio y dirigir al Cuerpo de Abogados del Estado, entre otras. Esto es en litigios contra el Estado o reclamos que inicia el mismo al reclamar un resarcimiento, como sucede con la demanada que Vialidad Nacional tiene trabada contra la vicepresidenta. Ese planteo inició bajo la anterior gestión. En este punto, dentro de sus acciones, Zannini es responsable de auditar aquellos juicios en los que el Estado es parte. 

En febrero de este año, una de las primeras decisiones de Zannini fue pedir ante la justicia comercial que se disponga la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino SA y el “desplazamiento total” de sus directivos, se trata de la firma del Grupo Socma, de la familia de Mauricio Macri​. La decisión fue acepta por la jueza Marta Cirulli.

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En el escrito que había presentado Zannini, se sostuvo la existencia de “irregularidades que tienen entidad suficiente para lesionar seriamente los intereses del Estado”, que es el principal acreedor de la firma que tiene una deuda concursal por encima de los $ 200 millones.

A mediados de julio, la empresa de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial una propuesta de pago para sanear su deuda de $ 296 millones al contado. Además, ofreció una actualización de los intereses de la deuda, en el momento que el Estado pague alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner. Todo fue rechazado por Zannini. 

También durante los primeros meses del año, el Procurador decidió intervenir en el conflicto que podría costarle millones al país si avanza en los tribunales de Nueva York: el juicio por la expropiación de YPF, en 2012, decisión que Cristina Kirchner adoptó con el asesoramiento de Zannini que para entonces, era el Secretario Legal y Técnico. Para defender los intereses argentinos ante el reclamo del fondo Burford, sumó a otro estudio de abogados estadounidenses, con un contrato de 1,6 millón de dólares. 

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El litigio que Burford lleva adelante contra la Argentina en la corte de la jueza Loretta Preska ya está patrocinado por el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que seguirá trabajando en el proceso, más los nuevos representantes legales. El Gobierno insiste que el reclamo de Burford se traslade a la justicia argentina.

Fuera de su cargo, pero como coimputado con Cristina Kirchner, Carlos Zannini pidió ante la Justicia Federal que se anule el juicio que ambos  -junto a Juan Martín Mena (subsecretario de Justicia), Oscar Parrilli, entre otros-, deben afrontar acusados de encubrimiento agravado de los iraníes acusado de haber cometido el atentado contra la sede de la AMIA, por la firma del Pacto con Irán. Su abogado, Mariano Fragueiro Frías, sostuvo que no debe llevarse adelante el juzgamiento porque la investigación no había concluido y pidió, que se deje sin efecto la acusación en su contra.