Federico Bernal, interventor del Enargas -el regulador del mercado del gas- decidió contratar abogados para que lo asesoren en su gestión hasta fin de año. Como se encuentra en medio de
una negociación con las productoras y distribuidoras para fijar un esquema de precios, se esperaba que fueran especialistas en la materia. Sin embargo, Bernal avanzó con otros dos nombres: Aníbal Ibarra, el ex intendente de la ciudad de Buenos Aires que fue destituido, y Roberto Boico, un abogado constitucionalista que defendió a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno en la causa del Memorándum de Iran.
La llegada de Bernal al Enargas fue impulsada por Cristina Fernández de Kirchner. Enargas reporta a la secretaría de Energía, cuyo titular –Sergio Lanziani– ni siquiera participó de la reunión donde se anunció la implementación del barril “criollo”. Lanziani, a su vez, depende del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Kulfas maneja las cuestiones energéticas con Juan José Carbajales, subsecretario de Hidrocarburos.
Bernal es un exégeta del ex ministro de Planificación. Reivindica la gestión de ese funcionario, que implicó importaciones de gas por más de US$ 50.000 millones. Hace poco, tuvo un chispazo con Kulfas por el tema interrupción de suministro. El Enargas difundió una información aclarando que “la suspensión del corte del servicio público de gas no se aplica a la totalidad de la población”. Pero, al rato, el ministerio de Desarrollo Productivo lanzó otro comunicado cuyo título era: “El Gobierno nacional recuerda que está prohibido cortar o suspender servicios esenciales”.
Aníbal Ibarra también es asesor del presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce. Por el lado de Boico, tiene trabajos sobre derecho constitucional, pero se desconoce si también está formado en derecho administrativo, o conoce los contratos de concesiones de gas, en las que deberá asesorar a Bernal.
El nombramiento de ambos está en la resolución 59 del Enargas, del 22 de mayo de 2020. La misma no está en la página web del organismo (están las 58 y la 60, pero curiosamente falta esta), pero Clarín sabe de su existencia.
El Enargas les avisó a los productores de ese insumo que se vienen cambios en la manera de hacer contratos con las distribuidoras. Anunció que derogará una norma que impacta en el armado de los cuadros tarifarios, es decir los importes que las distribuidoras de gas cobran a los clientes.
Bernal resolvió derogar la “metodología de Traslado a tarifas del precio de gas y Procedimiento General para el Cálculo de las Diferencias Diarias Acumuladas” que venía funcionando hasta ahora, es decir el armado del cuadro tarifario.
Bernal derogó una resolución de la anterior gestión del Enargas, cuyo presidente (Mauricio Roitman) fue elegido a través de un concurso público, con respaldo legislativo para su designación.
Las distribuidoras de gas le compran ese insumo a los productores. Después de subastas, le presentan al regulador el precio que pagarán por el fluido. Y le piden que le autorice el traslado (“pass-through en la jerga de los servicios públicos) a los cuadros tarifarios que después se reflejan en las boletas.
La resolución derogada por Bernal establecía “procedimientos para realizar ese traspaso, diferencias de cotización -sobre el dólar para tener en cuenta en las operaciones- y optimización del uso del transporte”, según técnicos que estuvieron en Enargas.“Lo que decide Bernal es totalmente discrecional. Ya no hay una forma detallada de realizar las cosas, sino que el interventor decidirá qué tipo de cambio le parece, o los contratos entre partes que convalidará, sin tener que seguir los procedimientos”, remarcan.
Bernal, por su parte, presenta la derogación de otra manera. “Mantener la resolución 72 (la que anula) resultaba incompatible con la cuestión tarifaria según señalamientos de la Ley de Solidaridad (que congeló las tarifas de servicios públicos por 180 días y de todo el marco jurídico regulatorio vigente. Quiero aclarar que su derogación se efectúa sin perjuicio de las eventuales responsabilidades o consecuencias que pudieran observarse luego de las revisiones que aplicaremos a dicha normativa”, observó.
Los contratos de abastecimiento de gas están caídos. La secretaría de Energía le ordenó a los productores y distribuidores que continúen con los vigentes hasta julio. Sin embargo, al tratarse de una negociación privada, es dudoso que el Estado tenga la facultad de intervenir. En todo caso, el Enargas puede no convalidar lo arreglado entre productores y distribuidores a la hora de reflejar el cuadro tarifario.
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