Tarifas congeladas: los concesionarios viales se alistan para hacerle juicio al Estado

los litigios judiciales contra el Estado. Grupo Concesionario del Oeste y Autopistas del Sol informaron que vienen pidiendo una actualización de los peajes que cobran, pero que sus reguladores no les dan respuesta.

Aunque las firmas no lo explicitan en forma directa, todo indica que están a la puerta de iniciar una disputa legal con el Estado nacional. Durante los gobiernos kirchneristas anteriores, hubo cataratas de pleitos contra el país por incumplimientos de contratos. Si las concesionarias de peajes avanzan en esa dirección, será la primera demanda de esta naturaleza en la administración de Alberto Fernández.

“Grupo Concesionario del Oeste se encuentra analizando los remedios previstos en el AIR y los posibles pasos a adoptar en defensa de sus derechos”, avisó el concesionario de las Autopistas del Oeste. El “AIR” es el acuerdo integral de renegociación. En el mismo, los concesionarios viales se comprometían a dejar de litigar contra el Estado argentino, a cambio de extensiones en el plazo de las concesiones y la posibilidad de ir recomponiendo tarifas. El texto es casi idéntico al de Autopistas del Sol. Ambas firmas comparten propietario y manifestaron su reclamo en los “hechos relevantes” que envían a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En el Gobierno se había decidido postergar todos los incrementos en las concesiones públicas hasta el 30 de junio. Pero ahora crece el consenso de postergar esas definiciones hasta que se termina la cuarentena por la pandemia.

Entre 2002 y 2016 hubo distintos desvíos en las concesiones viales. La española Abertis, accionista mayoritario de las autopistas, inició un pleito internacional ante el Ciadi, el centro de resolución de conflictos que depende del Banco Mundial. Su demanda era por US$ 872 millones. En 2017, accedió a levantarla por un acuerdo con Dirección Nacional de Vialidad, que era encabezada por Javier Iguacel. Ese funcionario, que dependía del ministro de Transporte -Guillermo Dietrich- acordó con las concesionarias. Los pleitos se dejaban de lado, a cambio de un compromiso de inversión, más plazo para las concesiones y actualización tarifaria.

El entendimiento entre Vialidad y las empresas fue girado a la Procuración General del Tesoro y la Sigen. Fue oficializado en un decreto en 2018. Sectores del kirchnerismo vienen amenazando con llevar a Dietrich y a Iguacel a la Justicia por esa decisión.

Los concesionarios reclaman su “derecho a que se haga efectiva una Redeterminación Tarifaria anual que correspondería aplicar durante el año en curso”. Tras cumplirse “las disposiciones del ‘acuerdo’, la sociedad puso en conocimiento del órgano de Control, perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), los nuevos valores de los cuadros tarifarios resultantes de la referida Redeterminación Tarifaria 2020, a los efectos de posibilitar su entrada en vigencia. El órgano de Control y la DNV no se pronunciaron al respecto dentro del plazo contractualmente fijado para que se formulasen las observaciones de cálculo que pudieran corresponder”, detallaron.

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Las tarifas de las concesiones viales están congeladas desde enero de 2019. La administración de Mauricio Macri no aplicó aumentos para no crear malestar electoral el año pasado. La gestión de Alberto Fernández dispuso que no habrá incrementos en las boletas de servicios públicos (luz, gas, agua) por 6 meses, es decir hasta el 30 de junio. De todas formas, se cree que habrá una prórroga de ese plazo.

Vialidad Nacional es encabezada por Gustavo Arrieta. Salió de la órbita del ministerio de Transporte -de Mario Meoni- y reporta a Obras Públicas, de Gabriel Katopodis. Entre el 20 de marzo y el 18 de mayo, las autopistas no estaban habilitadas a cobrar peajes. Pero en los últimos diez días recuperaron esa posibilidad.