“El gordo del mortero”, una imagen de la violencia de la manifestación de diciembre de 2017 en el Congreso

el 18 de diciembre de 2017 frente al Congreso cuando se debatía un proyecto de ley de Mauricio Macri para ajustar las jubilaciones por la inflación. Durante la manifestación convocada por el kirchnerismo y fuerzas de izquierda se lanzaron 14 toneladas de piedras contra los policías, fue brutalmente atacado por manifestantes el periodista de canal 13 Julio Bazzán y se destruyó la plaza Dos Congresos. El total de los heridos alcanzó a más de 160 personas, en un hecho sin precedentes en los últimos años.

Antes de ese episodio, Romero fue delegado gremial en la empresa General Motors de Rosario y precandidato a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2015 por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) que integra el Partido Obrero (PO).

Mientras estuvo prófugo, Romero desafió a la Justicia y mandó mensajes por las redes sociales convocando a manifestaciones para sacar del gobierno a Macri y a su colega de Chile Sebastián Piñera. En marzo de 2018, a través de una carta publicada en Twitter, se definió como perseguido político y expresó: “Tenemos que sacar a Macri como sacamos a De La Rúa en el 2001”.

Mientras tanto, Interpol había hecho diez identikits de cómo se vería su cara y su letrado Mario Villaroel anticipaba que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su caso. En esta causa, que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral, también están acusados los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Fernando Ponce, y el policía Dante Barisone, quienes esperan el juicio oral en libertad. Arakaki pateó a un policía caído y Barisone, a un vagabundo. En el caso de Romero su situación sería diferente porque es probable que quede detenido hasta el juicio por riesgo de fuga.

Durante estos años, la Policía Federal había difundido las “posibles caracterizaciones” del militante. Con anteojos de sol, con barba, pelado, con pelo corto, con gorra; todas ellas son las variantes que presentan las autoridades para identificarlo. Sobre ellas se hicieron varios memes en las redes sociales.

Luego en otro mensaje por las redes sociales sobre “la lucha internacional de los trabajadores” y desde la clandestinidad convocó a un paro nacional en Chile para “tirar abajo” a Sebastián Piñera y llama a la creación de un “gobierno obrero y popular”.

“Saludo la heroica lucha de nuestros hermanos chilenos. Es muy importante que el movimiento obrero se ponga en escena con un gran paro nacional, para que a través de las asambleas elijan un comité de lucha para llevar adelante nuestros reclamos”, afirmó Romero en un mensaje difundido por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) en su cuenta de Facebook.

También sostuvo que “no tenemos que tener ninguna confianza en los partidos burgueses tradicionales, ninguna confianza en todas las instituciones de la burguesía, ninguna confianza en una asamblea constituyente”, en referencia al camino que abrió el presidente de Chile hacia una posible reforma de su carta magna.

“La única confianza tiene que ser entre los trabajadores, los obreros y el pueblo pobre unidos para que juntos puedan decidir qué hacer con sus vidas”, asegura el militante, que situó las manifestaciones chilenas en una línea de continuidad con lo sucedido con “los chalecos amarillos en París”, con Madrid, Cataluña, Hong Kong, Nicaragua, Honduras y Ecuador.

“Es por eso que de la única forma que van a terminar con Piñera es con un gran paro nacional, organizándose y tirando abajo a Piñera y a todos los que están haciendo nuestras vidas difíciles”, agregó.

Y se despidió: “Viva la lucha obrera chilena, viva el pueblo chileno por una revolución obrera victoriosa. ¡Y viva una lucha internacional de los trabajadores!”.

“Soy perseguido político del gobierno de Macri por manifestarme, junto con millar de trabajadores, contra la reforma previsional y de la brutal represión del 18 de diciembre de 2017“, se definió en el mensaje.

Desde entonces nada se supo poco sobre él. En diciembre de 2017, el entonces juez Sergio Torres ordenó su detención en el marco de la investigación de los violentos hechos sucedidos en las inmediaciones del Congreso. Prófugo de la Justicia, Romero pidió la eximición de prisión, pero le fue negada. La recompensa para quien aporte datos certeros sobre su paradero ascienda a un millón de pesos.